Mis compañeros en el Grado de Historia Víctor
Pérez, Jorge Sánchez, Felipe López y Óscar López, bajo la dirección de la
Doctora Mª Palmira Vélez, confeccionaron para la asignatura de América
Contemporánea un trabajo de investigación con el título de “Historiografía y
Memoria: La última dictadura militar argentina.” Este texto que tienen ante
ustedes nace con la pretensión de sintetizar las ideas y los hechos expuestos
por mis compañeros sobre el drama que sufrió la sociedad argentina con una
sombra que aún llega hasta nuestros días.
Mi exposición no se va regir por el orden de
exposición original, sino que va a jugar mezclar e intercambiar los argumentos
con la intención de dotar de un ritmo más adecuado a la longitud de este
artículo que, para agilizar la lectura, evitará referencias al abundante
material bibliográfico que los autores del texto han manejado.
Sintetizar su trabajo ha resultado un excelente ejercicio
práctico cuya finalidad es incitar al lector a reflexionar sobre la importancia
de poner la memoria bajo el foco de la historia.
Historia, Memoria o el reto de los nuevos historiadores
En la actualidad nos encontramos con una
sociedad que ejerce su voluntad de recordar hasta el extremo de pensar que lo
que está por venir se puede medir por el deseo de imaginar pasados, esa
inseguridad por el futuro nos lleva a mirar al pasado con la esperanza de
encontrar respuestas para el presente.
La memoria sin embargo también tiene que ver
con esos pasados que no pasan, pasados traumáticos y dolorosos que son el
resultado de la represión de las dictaduras, y en el caso que nos atañe, la
dictadura argentina entre 1976 y 1983.
La memoria, que tantas tensiones puede crear
en los terrenos políticos, culturales y sociales, es una magnífica oportunidad
para el historiador. Un nuevo campo de investigación con un punto de partida
muy claro: No existe equivalencia entre los conceptos de memoria e historia y
sin embargo están muy unidos porque ambos carecen de la pretendida objetividad
tan inalcanzable para cualquier ciencia.
Las memorias están sujetas a la propia
experiencia y son fruto de una compleja relación entre presente, pasado y
futuro hasta destilar una determinada representación del pasado. Esa memoria
individual es una visión parcial y sesgada que, en manos del historiador, se
convierte en una fuente importante que deberá contrastar con otras fuentes
documentales para acercarse al estudio científico de ese pasado y de las
dinámicas de las sociedades humanas.
Aunque recordar es un ejercicio personal
siempre se inserta en culturas grupales, un medio ambiente que lo retroalimenta
para convertirse en intereses y cosmovisión compartidos de manera que lo
individual termina por transcender hacía lo colectivo. El recuerdo personal se
genera dentro de una narrativa colectiva y así la memoria hay que concebirla
como un producto esencialmente social.
El olvido es el reverso imprescindible del
recuerdo, sobre todo cuando los acontecimientos son traumáticos y entonces, las
heridas de la memoria se ven influenciadas por el temor tanto a la represión
como a la incomprensión, el resultado final es que la plasmación narrativa
resulta muy difícil de conseguir y por lo tanto se allana el camino para el
olvido.
La memoria protagoniza muchas disputas
políticas porque, mientras el pasado es un territorio propicio para las
reinterpretaciones intencionadas. Por eso es imprescindible agrupar en el
espacio público diferentes memorias generadas por grupos sociales, políticos o
religiosos y construir una memoria colectiva donde concurran la experiencia
privada y la oficial en un marco exento de controversia y conflicto.
Los procesos de democratización que siguieron
a la dictadura argentina gestionaron el pasado de tres formas muy diferentes: 1
Obtener justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos. 2 Estabilidad
institucional para mirar a un futuro que promueva políticas de olvido y
reconciliación, y 3 Enaltecer y glorificar a la dictadura.
Si tenemos en cuenta esos tres posibles
escenarios, la figura del narrador se convierte en un factor muy importante
porque delimitará de una manera muy determinada el espacio de la memoria y la
representación del pasado hasta convertirlo en lucha por el poder, legitimidad
y reconocimiento así, frente a la memoria de los oprimidos surgen relatos que
otorgan a la dictadura el papel de salvador. Esta dicotomía no implica una
contraposición entre la historia oficial asumida por el Estado y otras
narrativas alternativas.
Historiografía y contexto político-económico y social de la dictadura
argentina
El origen de la represión durante la
dictadura argentina hay que buscarlo en una estrategia económica orquestada
desde EE. UU. La Operación Cóndor trataba de eliminar los opositores políticos
al neoliberalismo ideado desde la Escuela de Chicago y crear un clima de miedo
en el resto de los ciudadanos. Videla encabezó esta operación entre los años
1976 y 1983. El discurso público para llevar a cabo estas operaciones se basaba
en construir una imagen de peligrosos enemigos del Estado con intención de
capturar a un sector indeciso de la sociedad que ni apoya al Estado ni a los
subversivos.
La memoria sobre este período de la historia
argentina tan solo es una aproximación parcial que reconstruye con fragmentos una
realidad oficial a la que se opuso el movimiento de derechos humanos que, frente
al discurso oficial centrado en la guerra, se orientó hacia la figura del
detenido-desaparecido y de la Triple A (Alianza Anticomunista de Argentina),
una organización terrorista que ya empezó a operar antes del golpe de 1976
contra los sectores izquierdistas del peronismo. Con el triunfo del golpe de estado algunos
miembros de la Triple A pasaron a servir al Estado para perseguir a
determinados movimientos sociales de izquierda a los que se criminalizaría como
terroristas, sin embargo, al amparo de las empresas que salían favorecidas con
la implantación de políticas neoliberales de la Escuela de Chicago, el foco de
actuación se amplió hacia cualquier persona que no tuviera una visión de una
sociedad construida sobre el único valor del beneficio económico, incluidos
sectores religiosos ligados al mundo obrero y los miembros de las
congregaciones dedicadas al trabajo entre los mendigos y desfavorecidos.
Los periodistas fueron un sector muy
castigado porque eran el medio de transmisión entre la sociedad y la realidad
de los acontecimientos. Esta represión tuvo como efecto más importante una
sociedad desinformada durante los años de la represión.
La mujer, en una sociedad que ya era
radicalmente patriarcal, fue un objetivo específico de represión para mellar y
degradar su conciencia mediante la violación, y así construir una identidad
dominante del hombre en una dictadura que solo ve a la mujer como madre y, por
lo tanto, con un importante papel en el cuidado y la educación de los hijos.
Por eso era importante contar con mujeres cercanas a la orientación política
del Estado y así alejar a los hijos de la subversión y se convertirlos en
apéndices del poder militar.
El aparato represor de la dictadura
El aparato represor de la dictadura se
dedicaba a secuestrar, trasladar a los centros de detención y torturar en lo
que se llamó la guerra contrarevolucionaria.
Un patota o grupo de cinco o seis individuos
provistos de arsenal, coches y helicópteros en algunas ocasiones, detenían a
los sospechosos a los que previamente habían cortado el suministro eléctrico y
aturdido con megáfonos y reflectores. Las patotas se hacían a cara descubierta
y, cuando no encontraban a la víctima, podían permanecer en la ratonera hasta
que cayera en la trampa.
De los testimonios de las personas que
estuvieron detenidas clandestinamente y recuperaron su libertad, se deduce que
los centros de detención clandestina se dividían en: 1 Lugares de Reunión de
Detenidos donde pasaban periodos considerables de tiempo hasta que se decidía
el destino definitivo, 2 Lugares de Transito donde el detenido llegaba
inmediatamente después del secuestro y 3 los Centros de Detención Clandestinos
que fueron concebidos para practicar la tortura con total impunidad. En este
aspecto el trabajo recoge muchos testimonios que voy a obviar pero que
sintetizan perfectamente la vejación a la que fueron sometidos las víctimas que
se enfrentaban a una paliza de tres horas en lo que se conocía como “sesión de
ablande” y que solo era el preámbulo de un proceso de tortura que era revisado
por un médico con el objetivo de supervisar los excesos que los torturadores pudieran
tener al aplicaban técnicas como la picana eléctrica para descargas en uñas,
encías y testículos.
La picana se combinaba con palizas para
acosar psicológicamente a la víctima hasta hacerle sentir que convivía con la
muerte, entonces las torturas físicas disminuían y entraba en escena el
simulacro de fusilamiento, el enterramiento hasta el cuello en fosos cavados en
la tierra, para volver a la parrilla que consistía en aumentar el efecto conductor
de la electricidad mediante la utilización de agua, quemaduras de cigarros o el
submarino que consistía en dejar sin respiración mediante una bolsa.
La pena de muerte se incorporó al derecho
penal durante la dictadura y, aunque su aplicación fue sistemática, nunca medió
una sentencia judicial. Muchas se ocultaban bajo la apariencia de un
enfrentamiento armado o un intento de fuga. Los muertos eran tratados como
simples bultos a los que se les marcaba con un número en el pecho. Una idea
fundamental que se desarrolló durante la dictadura fue que los cadáveres no se
entregan. En ese sentido, un modo frecuente de deshacerse de las víctimas era
el lanzamiento de detenidos al mar.
Borrar la identidad de los cadáveres fue una
forma de paralizar el reclamo público y aseguraba, al menos por un tiempo, el
silencio de los familiares que se agarraban a la esperanza de encontrarlos con
vida.
Cuando los secuestrados tenían hijos el
procedimiento para con ellos iba desde dejarlos en casa de algún vecino,
derivarlos a instituciones para su posterior adopción, entrega a otros
familiares, dejarlo libre a su suerte o trasladarlos a un centro de detención
donde presenciaban las torturas de sus padres o eran también torturados. Muchos
de esos niños todavía figuran como desaparecidos.
Las embarazadas sufrieron torturas
específicas, sus cuerpos fueron instrumentalizados en función del nacimiento de
sus hijos que pasaron a manos de los verdugos. Las mujeres detenidas y
embarazadas mantenían un impulso de optimismo que les llevaba a adoptar un
comportamiento positivo y esperanzador con el objetivo de superar las
dificultades y sacar adelante su embarazo. Sin embargo, muchas de ellas nunca
llegaron a estar en contacto con sus bebés porque los recién nacidos quedaban a
cargo del hospital que nunca registraba su ingreso. Los niños terminaban
apropiados por miembros de las fuerzas represivas o personas vinculadas a
ellos.
El movimiento femenino frente a la dictadura y la desaparición de
personas
Azucena Villaflor de Vincenti junto con otras
doce mujeres decidieron interponer denuncias de desaparición en las oficinas
del Ministerio de Interior de Buenos Aires con la esperanza de obligar al
dictador Videla a darles una respuesta. Eran mujeres sin acción política previa
que desconocían el proceso judicial y que ya se habían movilizado
individualmente hasta encontrarse unas a otras en las largas colas burocráticas
donde compartieron sufrimientos hasta que una de ellas, María del Rosario
Carballeda de Cerruti escribió una carta a Videla en la que le solicitaba una
entrevista y una respuesta sobre el paradero de sus hijos. Las madres
comenzaron a reunirse para apoyar la carta con un buen número de firmas hasta
fijar un horario de encuentro los jueves a las 15:30 horas en la Plaza de Mayo.
La asistencia crecía cada semana hasta
obligar a los militares a contraponer la idea de de mujeres locas pertenecientes
a familias subversivas frente al orden que ellos traían a la nueva Argentina.
Aunque Videla nunca las recibió, el coronel
José Ruiz Palacio, subordinado del Ministro de Interior, reconoció a una de las
madres que hacia un tiempo le había presentado una denuncia sin obtener
respuesta. El militar fingió sorpresa al verla y mostro su extrañeza de que
todavía no hubiera encontrado a su hija que, argumentó el coronel, seguramente
se encontraría en México ejerciendo la prostitución como la mayoría de las
subversivas. Ese fue el toque de atención definitivo que puso en alerta a las
madres de la Plaza de Mayo: Los militares conocían lo que estaba pasando. Tres
días más tarde el gobierno desalojó la Plaza, declaró el estado de sitio y
comenzaron las detenciones que incrementaron la solidaridad entre ellas hasta
alzar la voz frente a Carter que, recién llegado a la Casa Blanca, frenó la
ayuda norteamericana a Argentina.
Las madres deciden aprovechar esta coyuntura
y realizan una primera solicitud al gobierno para pedir la aparición de los
desaparecidos mediante la petición de firmas que realizan junto a otras
asociaciones con las que organizan una marcha para el Día de la Madre a modo de
manifestación y donde algunas de las cabecillas fueron detenidas. El inicio de
las movilizaciones callejeras contra la dictadura tuvo repercusión en la prensa
nacional con la suficiente fuerza como para que el gobierno enviara mensajes a
las madres para decirles que sus hijos habían muerto, les entregaban los
ataúdes cerrados con la prohibición de abrirlos y sabiendo que no tenían medios
pecuniarios para pagar una identificación.
El 8 de diciembre de 1977 detienen a algunas
madres, tres días más tarde el diario La Nación publica una solicitada con el
nombre de todos los desaparecidos y Azucena Villaflor es secuestrada en mitad
de la calle. El golpe fue muy duro para las madres que se vieron huérfanas de
su lideresa natural y, aunque poco a poco volvieron a la Plaza, porque el
régimen aflojó la represión para que la disputa del Mundial de fútbol de 1978
fuera un éxito para el régimen.
Las Madres sabían que ese Mundial era una
oportunidad histórica para poner el problema de los desaparecidos en la agenda
internacional. Por eso fue tan importante la fotografía que el capitán de la
selección holandesa de hockey les hizo a principios de 1978 y que terminó publicada
en la prensa holandesa así, mientras todo el mundo seguía la retransmisión de
la ceremonia de apertura del campeonato, las cámaras holandesas seguían la
marcha de las Madres.
La represión para las madres se recrudeció cuando
el mundial desapareció de las noticias, sin embargo ellas ya habían decidido que
su mensaje viajaría por todo el mundo. La internalización del problema empezó
en octubre de 1978 con viajes al Canadá, el Vaticano y los EE.UU.
El régimen decidió frenar a las madres,
impidió sus reuniones en la Plaza y dictó una ley por la que los desaparecidos
pasaban a ser fallecidos. Ante esa afrenta las Madres deciden
institucionalizarse como Las Madres de la Plaza de Mayo el 14 de mayo de 1979.
La guerra de las Malvinas, que el régimen
pretendió utilizar a su favor, terminó por ser su puntilla. Así a lo largo de
1982 las Madres aparecían en algunos actos políticos como una marcha por la
democracia en octubre, o un viaje a Europa a principios de febrero de 1983.
El 28 de febrero de 1983 se anunció que las
elecciones se celebrarían el 20 de octubre del mismo año. Ante los nuevos
tiempos que se aproximaban las Madres decidieron no adscribirse a ningún
partido político para evitar ser utilizadas en campaña y el día de las
elecciones se presentaron en las mesas electorales dónde debían acudir a votar
sus hijos.
El 23 de septiembre de 1983, un mes antes de
las elecciones, se sancionó la ley de Pacificación Nacional que extinguía los
delitos cometidos con la finalidad de luchar contra los terroristas o los
subversivos desde mayo de 1973 hasta junio de 1983
Después de la Junta
Raúl Alfonsín ganó las elecciones y aprobó
una serie de leyes que llevaron a juicio las Juntas. Sin embargo su discurso
fue un ejercicio de simetría porque, aunque pretendía castigar los crímenes de
las Fuerzas Armadas, se señalaba a la guerrilla como la causante del desorden
social y la ruptura de normas. Este lenguaje permitió enjuiciar a las cúpulas
guerrilleras por actos cometidos entre 1973 y 1983, y a los militares por la
represión establecida después del golpe de estado de 1976.
Esta interpretación gubernamental recibió el
nombre de la teoría de los dos demonios que, mientras justificaba de manera
implícita los actos represivos del aparato militar, eliminaba del marco
jurídico toda referencia a ideologías o compromisos políticos, la tarea
fundamental era determinar los crímenes obviando su motivación política. Con
este escenario político fueron las organizaciones no gubernamentales las que se
encargaron de obtener al mismo tiempo verdad y justicia ocupando el espacio
público para denunciar tanto las políticas de amnistías patrocinadas por el
gobierno, como mantener viva la memoria de los afectados apoyándose en multitud
de evidencias documentadas, testimoniales y jurídicas que, sin embargo, no
rompen con la argumentación de los defensores de la dictadura, de manera que la
imagen de la violencia política se queda teñida por lo que se llamó La vulgata
procesista: Unn relato que justifica la represión legal frente a las
organizaciones armadas y sus “crímenes de la izquierda”
La equidistancia entre terrorismo de
izquierda y de Estado permitió dibujar un infierno que ya no remitía a la
experiencia de los desaparecidos, sino que situaban en la misma ecuación la
violencia guerrillera y estatal. Sin embargo, frente al silencio de los historiadores
de los años ochenta, la memoria de los crímenes de la dictadura militar y el
dolor provocado se hicieron imperecederos.
En 1986 se aprobó la Ley de Punto Final que
establecía un tiempo límite para llevar a juicio a los opresores.
En 1987 se aprobó la Ley de Obediencia Debida
que absolvía a los militares de rango intermedio de las acusaciones por
violación de los derechos humanos durante la dictadura, por considerar que
habían actuado cumpliendo órdenes de sus superiores. La grave crisis económica provocó
un adelanto electoral y Carlos Menem ganó las elecciones en 1990 , un gobierno
peronista que sin embargo incorporó el ministerio de economía al máximo
responsable de esa área durante los últimos tiempos de la Junta Militar, es una
continuidad en las formulas neoliberales de la Escuela de Chicago que consistió
en privatizar empresas estratégicas para, junto al recorte el gasto público,
satisfacer a los inversores extranjeros a la vez que se agredía a las capas más
bajas de la población hasta conseguir que a mitad de los habitantes del país
quedaran por debajo del umbral de pobreza.
En cuanto a la memoria de la represión, las
políticas de Menem reemplazaron el derecho penal por el civil, es decir, se
otorgaron indemnizaciones económicas a las víctimas del terrorismo de Estado
después de absolver tanto a las Juntas Militares como a los cabecillas de la
guerrilla que habían sido condenados en 1985, y el gobierno reconoció su parte
de responsabilidad por las desapariciones y asesinatos.
Los estudios sobre la dictadura de la Junta
Militar surgen con mayor visibilidad a lo largo de los años noventa.
Investigadores jóvenes que pertenecen a una generación que no ha vivido durante
ese período en edad adulta nutren nuevas propuestas mediante la puesta en valor
de la historia oral hasta que en julio de 1998 se crea el Proyecto de
Reconstrucción de la Identidad de los Desaparecidos a través de los relatos de
familiares y amigos que recuperan la historia de su vida y conservan la memoria
de los desaparecidos mientras Videla es detenido.
Con la llegada del nuevo siglo los cambios en
la historiografía argentina avanzan hacia una mayor profundización entre
memoria e historia, de manera que se privilegian aquellos temas que la historia
profesional a orillado por cuestiones ideológicas, así las memorias de la
víctimas de la dictadura y las resistencias sociales al neoliberalismo
adquieren una nueva musculatura y, aunque la relación con el gobierno pasó por
momentos de crisis, el relato sobre el
terrorismo de estado es asumido por el estado a partir del año 2004, sin
embargo es un estatuto de verdad que se ha gestado mucho más en el ámbito
judicial que en el académico.
El presidente Néstor Kirchner pronunció un
discurso el 24 de marzo del 2004 en la sede de la Escuela Mecánica de la Armada
como el lugar representativo de los campos de concentración clandestinos de la
dictadura y que jugó un papel fundamental en la represión. El mensaje del
presidente de la república Argentina fue meridianamente claro y, frente a la
cúpula militar, dijo que desde ese día el ejército, como brazo armado de la
patria, debía portar orgulloso sus armas para nunca volver a levantarlas contra
el pueblo argentino.
El cadáver de Azucena Villaflor secuestrada
en diciembre de 1977 no fue identificado hasta el 2005. Las Abuelas en la
actualidad siguen con su labor a través de la Fundación HIJOS, acrónimo de Hijos e Hijas por la
Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, donde se puede acceder a bases
de datos con fotografías y otro tipo de información sobre desaparecidos.
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