La curvatura de la córnea

17 marzo 2014

El pantano de Jánovas: Una mirada geográfica



INTRODUCCIÓN

La guía de este texto es el libro Jánovas. Víctimas de  un pantano de papel de Marisancho Menjón cuyos objetivos vienen explicitados en los primeros párrafos del prólogo: “Mostrar lo que significan para los afectados este tipo de obras, con independencia de si deben hacerse y su coste económico” La autora, en ese sentido, ya nos advierte que a lo largo del texto se recogen testimonios que no pertenecen a la historia del pantano de Jánovas pero que son imprescindibles para comprender la política hidráulica desde el punto de vista de los afectados por los embalses construidos. Sin embargo, tan interesante material, no será objeto de mi estudio que tiene como objetivo la lectura de este libro desde el punto de vista geográfico. En ese mismo sentido el trabajo se centra en los primeros 15 capítulos porque considero que es ahí donde se cuenta el largo proceso administrativo que nos llevará desde un pantano no construido a la reflexión sobre conceptos geográficos como el espacio dado y el espacio producido.
RESUMEN HISTÓRICO
Caudal y desnivel

El río Cinca es “el curso fluvial más caudaloso del Pirineo /…/ y entre sus principales afluentes se encuentra el Ara” Ambos ríos nacen en las cumbres del Parque Nacional de Ordesa. El Cinca fluye por el valle de Pineta hasta unirse con el Segre y desembocar en el Ebro. El Ara forma el valle de Broto, pasa por Jánovas, se entrega al Cinca en la llanura de Aínsa y, como todos los ríos de esta cordillera, discurre en sus cursos altos con la impetuosidad de las aguas recién nacidas y que han de salvar fuertes desniveles. Caudal y desnivel: dos palabras mágicas para la ingeniería hidráulica”

Regadíos o megavatios, un dilema centenario
El motivo es la construcción del pantano de Jánovas, una obra que hunde sus raíces en 1911 cuando José Durán y Ventosa uno de los principales representantes de la burguesía catalana del siglo XIX solicitó de la Dirección General de Obras Públicas dos concesiones del río Ara.
Estos proyectos hidráulicos ya se planteaban desde el siglo XIX y estaban ligados a la cantidad de hectáreas a regar: 30.000 en 1865, 102.000 a finales del siglo XIX y, con la aprobación en 1915 de la ley de Riegos del Alto Aragón que a partir de diversos pantanos unidos mediante canales regarían “una extensión amplísima, utópica: nada menos que 300.000 hectáreas” y en la que “se ordenaba su puesta en marcha y se asumía la realización de las obras necesarias por parte del Estado”
Pero para la consecución de este objetivo era imprescindible el maridaje de hectáreas y kilovatios, algo que industriales y terratenientes deseaban. El interés por llevar la electricidad y el agua a otros lugares era un buen negocio. Sin embargo la teoría de que ambos intereses se podían combinar, se enfrentaba con las sentencias de la naturaleza. La paradoja de esa relación radicaba en que “no suele coincidir el momento en que las hidroeléctricas  y los regantes necesitan desembalsar, pues el consumo de electricidad es mayor en invierno, mientras que los campos precisan el agua principalmente en verano.”
En 1926 se creó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para “el aprovechamiento integral de todas sus aguas”. Lo que significaba que, dando prioridad a los riegos, se seguía apostando por los usos hidroeléctricos. Las Juntas de Explotación y las Comisiones de Desembalses de cada pantano eran las encargadas de “conciliar intereses y procurar actuar de la forma más satisfactoria para todos”
Jánovas fue el campo de pruebas para la implantación de un cambio de mentalidad que comenzó gracias a una Real Orden del 11 de junio de 1928 que recogía un proyecto de la CHE en el que se “aludía a la construcción de una presa de unos 35 o 40 metros de altura que produciría la inundación de Jánovas”
Era la primera vez que se mencionaba la anegación de un pueblo en una clara modificación de aquellos proyectos hidráulicos de comienzo del siglo XX que eran “muy prudentes respecto de las afecciones que podían causar en las zonas donde iban a ser ubicados” y, aunque “no se atendía a valores medio ambientales”, frente a la máxima prioridad de regar y generar electricidad, es decir, “multiplicar la obtención de alimentos” y atender al aumento de la industria, “también se procuraba respetar al máximo los modos de vida de quienes habitaban junto a las obras proyectadas”
La empresa concesionaria del pantano de Jánovas aumentó el proyecto hasta los  55 metros de altura de la presa, una modificación que, además del pueblo de Jánovas, significaba la inundación de Lavelilla y Lacort.
Los cambios técnicos sobre la altura de la presa venían determinados por la necesidad de combinar la regulación del río con el uso hidroeléctrico y la eficiencia económica del proyecto pero claro, cada variación en la altura significaba un encarecimiento del proyecto de tal manera que la participación pública en la financiación se cambiaba por la obtención de más caudales del pantano de Jánovas. De este modo, los 4,5 y 5m3/seg. concedidos al inicio muy pronto pasaron a 15 m3/seg. El objetivo final, que incluía varios proyectos conjuntos de presas, era “aprovechar totalmente el río /…/ con un salto neto de más de 100 metros “y con la capacidad de generar 16.500 Kw “En las memorias que acompañaron a estos proyectos no se aludía “ni una sola vez al aprovechamiento de tal infraestructura para riegos.” Al fin y al cabo la empresa concesionaria de los caudales cuidaba su negocio y “si la Administración prescribía que aquel embalse tenía que servir para riegos, era cosa suya”
Los proyectos nunca se aprobaron y la Guerra Civil abrió un paréntesis que, terminado el conflicto bélico, supuso un salto cualitativo porque Aplicaciones Industriales, hasta entonces empresa concesionaria de los caudales del río Ara y después de que se aprobara la ampliación del embalse de Mediano, vio como disminuía el desnivel hidráulico. El problema se solventó solicitando a la Administración un sistema conjunto para el aprovechamiento de los ríos Cinca y Ara. La Administración accedió a la petición pero negó las subvenciones económicas. Esta falta de apoyo financiero llevó a Aplicaciones Industriales a transferir sus concesiones a Iberduero.
Habían transcurrido más de treinta años desde los primeros intentos de embalsar el río pero ahora, con el impulso de Iberduero, todos los proyectos sobre el papel iban a afectar a los habitantes.
Un punto de inflexión muy importante lo encontramos en la Orden Ministerial del 14 de abril de 1954 en la que el proyecto presentado por Iberduero se declara “de utilidad pública”. La nueva concesionaria proyectó una nueva regulación de la cuenca pero esta vez, el pantano de Jánovas pasaba de “55 a 90 m. de altura” Esta decisión “daba carta blanca para disponer de todo el valle: Las tierras podían pasar a ser suyas de grado o por la fuerza; y la gente que lo habitaba – considerada literalmente población sobrante-, desalojada de un modo u otro.”
Esa era la política hidráulica a principios de los años 50 y sus objetivos pasaban por solventar las dificultades de aprovisionamiento de petróleo y carbón para cubrir la demanda de electricidad del mercado nacional. Una situación que decantó al régimen de Franco por apoyar al sector energético frente al agrícola. Una decisión estratégica que significó veinte años de “época dorada” en la construcción de embalses en Aragón, un escenario donde Iberduero era un actor principal.
Pero el pantano de Jánovas seguía en el límite para considerarse como una obra rentable así que Iberduero se tomó su tiempo porque la causa definitiva que retrasaba las obras seguía siendo la dificultad de “respetar las previsiones de nuevos regadíos” y “los derechos pre existentes de los usuarios de aguas abajo.” A esto hay que añadir la decisión de octubre de 1955 de redactar el proyecto del pantano de El Grado, de titularidad pública y que significaba una rebaja en el desnivel con el que podían contar los saltos de Iberduero y, “¡¡una vez más!!”, tenía que replantearse la disposición de todas sus obras.

Agua y dinamita
El escenario cambió en 1963 cuando Iberduero compró todas las concesiones de la cuenca y la administración aprobó que la compañía diseñase una nueva regulación hidráulica que parecía despejar la situación sobre Jánovas.
La fotografía aérea, que llegó al río Ara para elaborar un nuevo catastro, también acreditó la disponibilidad de terreno para poner en marcha las obras del pantano. Ese ruido de ir y venir fue el primer aviso para unos habitantes en los que no había calado tantos lustros de proyectos hidráulicos. Sin embargo el 28 de diciembre de 1961 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca la relación de afectados por la expropiación forzosa y la tranquilidad del valle se volvió revuelo. Las noticias de una ejecución inminente de las obras dieron paso a una primera fase para la compra de terrenos. Iberduero compró tierras porque era mucho más barato y resultaba menos engorroso que acudir a una expropiación forzosa. Fue sencillo hacerlo, al fin y al cabo el panorama del futuro del pueblo era la inundación de sus calles por las aguas del pantano y, todos los sabemos, lo fácil que es asustar al ciudadano corriente con el camino de los pleitos. Así que unos y otros fueron vendiendo a la tasa que impuso la empresa.
En marzo de 1961 el Estado concede a Industrias Aragonesas la concesión de aguas para construir el embalse de Búbal y Lanuza en el río Gállego con la participación  estatal en el 50% del costo de las obras, eso sí, supeditando el aprovechamiento eléctrico a las necesidades de riego. Iberduero no entendía ese trato de favor para una empresa mucho más pequeña, así que la hidroeléctrica volvió a considerar ante la administración su intención de aumentar el volumen embalsado en Jánovas hasta conseguir que la infraestructura fuera rentable. La CHE, tras estudiar varios informes, consideró la petición y llegó a la conclusión “de que las condiciones económicas que resultaban del mismo eran del todo inadecuadas, con la sola regulación de río Ara en el embalse de Jánovas recrecido, por lo que era necesario continuar los estudios buscando una mayor regulación de los tramos del Cinca y Ara comprendidos en la concesión.”
El verano de 1961 comenzó la salida de los habitantes de Jánovas y las ventas voluntarias duraron hasta 1963, sin embargo “¿y los que no tenían nada /…/ y subsistían gracias a un oficio, pequeños huertos y unos pocos animales? Estos pocos resistieron porque hasta allí no habían llegado las máquinas, tan sólo hombres de despacho con intenciones de expropiar o amenazar con todos los males.” Entonces llegó la dinamita para convencer a los resistentes. Iberduero voló de cuajo las casas de su propiedad y el Gobierno Civil, ante las reclamaciones vecinales, prohibió el uso de la dinamita que fue sustituida por picos y palas excavadoras.
En abril de 1965 Jánovas, de sus 260 habitantes, quedó reducida a 20 vecinos e Iberduero, que todavía tenía serias dudas sobre la viabilidad del proyecto, siguió con la consigna de dejar el terreno libre “por si acaso” y, por si fuera poco, comenzó una campaña de “denuncias con intención ejemplarizante” y llevó a los tribunales a “los habitantes de la zona por cultivar tierras expropiadas o pastorear en ellas” y, aunque es cierto que las tierras expropiadas solo se pueden utilizar para el fin al que fueron destinadas, Iberduero no tuvo problemas de hipocresía moral para en 1968 arrendar esas tierras a algunos terratenientes oscenses.
En marzo de 1966 las autoridades municipales solicitan la expropiación total del municipio porque con independencia de las tierras anegadas, la construcción del embalse anegaría todas las vías de comunicaciones y les dejaría completamente aislados.

Nuclear si, por supuesto
El 25 de marzo de 1971 la administración, justo cuando vencía el plazo de veinte años de la concesión y que dejaría en suspenso la resolución del pantano, admitió el interés que tenía por el recrecimiento. De esta manera, salvada la caducidad y, aunque Iberduero y el Estado seguían sin alcanzar un buen acuerdo de financiación, la población iba desapareciendo del municipio.
El Plan Energético Nacional de 1971 propició que el proyecto volviera a paralizarse,  abrió la puerta a la energía nuclear y dejó la pelota del pantano de Jánovas en el tejado de la Administración porque los proyectos de inversión de Iberduero se iban a centrar en la Central de Lemóniz y en las obras en las cuencas del Duero y del Tajo. Un interludio en el que ni la Administración ni Iberdrola se cuestionaron la propiedad de los terrenos ni la validez de las concesiones porque “los antiguos vecinos de Jánovas eran pocos y se hallaban desde hacia tiempo desperdigados por España.”

El inaudito retraso
Esta situación sufrió un importante cambio en marzo de 1980 cuando un grupo de janoveses avisó a Iberdrola de su intención de comenzar a cultivar las tierras que habían sido suyas y que la empresa tenía arrendadas a tres señores de Huesca desde hacía diez años. Iberdrola respondió con una querella que se sumó al nuevo interés por el pantano de Jánovas suscitado por el cúmulo de desgracias en la central nuclear de Lemóniz y que incluía el asesinato de dos de sus ingenieros a manos de la banda terrorista ETA. Iberdrola incrementó por aquellas fechas un 37% la potencia generada en sus centrales hidráulicas.
El nuevo proyecto de los ochenta reducía la capacidad del embalse pero, la gran novedad era que bajo el brazo traía el nuevo concepto de canon energético, un impuesto que recaudaban la eléctricas mediante la facturación a sus clientes y que iba destinado a la Diputaciones con la intención de compensar los perjuicios ocasionados por las “infraestructuras necesarias para la generación de energía.” Sin embargo la Administración, que nada decía de las concesiones sobre el agua que llevaban doce años caducadas, seguía con su filosofía de relacionar los caudales del futuro pantano con la puesta en regadío de entre 24.000 y 33.000 hectáreas, además de seguir en la senda de no asumir una parte del costo de las obras.
Entonces llegó la televisión. Lucrecia Real, que había abandonado la ciudad para ir a vivir a orillas del Ara, relató el daño causado durante tantos años por un pantano que no se había construido. También llegaron los primeros apoyos de las recién creadas organizaciones ecologistas que quedaron plasmados en las 742 alegaciones presentadas al último proyecto en su fase de información pública, entre las que destaca la presentada por la DGA que, tras un cambio en el signo político, no fue capaz de defender finalmente ente el juez cuando, el 21 de diciembre de 1989, se puso de manifiesto que tanto los afectados, como los habitantes de la comarca y hasta los que estaban a favor del proyecto, no entendían “el inaudito retraso en la ejecución” de la obra.

De proyecto de Estado a la Nueva Cultura del Agua
En julio de 1990 la CHE recomendó que se denegase la aprobación del proyecto y se supeditase a la empresa, si seguía interesada, a las concesiones de 1951, es decir un embalse de 189 Hm3
El nuevo horizonte no era del agrado de Iberduero que no se cansó de repetir que la viabilidad pasaba por un mínimo de 300 Hm3 de agua embalsada. Sin embargo, antes de rechazar el proyecto se celebraron unas negociaciones que dieron un giro radical: “El Estado expropiaba las concesiones y hacía la obra, ofreciendo luego a la empresa su aprovechamiento hidroeléctrico”
El 23 de enero de 1991 el Diario del Altoaragón recoge unas declaraciones del presidente de la CHE afirmando que Jánovas iba a ser “una presa del Estado, hecha por el Estado con su fondos y presupuestos”
El 18 de agosto de 1990 se constituyo una asociación para luchar por la reversión de las propiedades porque el pantano, transcurrido prácticamente treinta años desde la expropiación, seguía siendo un proyecto. Una reversión que dos años después de su solicitud todavía seguía en tramitación porque, según afirmaba el Secretario de Estado para las Políticas de Agua y el Medio Ambiente en un escrito remitido al Justicia de Aragón, su departamento “no ha resuelto todavía el asunto planteado en relación con el salto de Jánovas.” La realidad era mucho peor. La Administración mintió porque el 31 de julio de 1993 una resolución desestimaba el proyecto, ofrecía nuevas condiciones a la empresa y sentaba dos premisas: La primera afirmaba «que el embalse de Jánovas es vital para las aspiraciones aragonesas», y la segunda que «nunca se ha cuestionado la realización de la obra como demuestra la disponibilidad de la práctica totalidad de los terrenos a inundar, bien por expropiación, bien por adquisición directa» Y nada se dice sobre los treinta años transcurridos.
La Defensora del Pueblo dictaminó el 14 de diciembre de 1993 que los afectados por el proyecto de un pantano nunca construido tenían derecho a que se les restituyera sus tierras pero la empresa seguía dando vueltas a la cota del embalse y ponía el señuelo a los vecinos con un nuevo proyecto con más capacidad mientras la Administración, pese a la intervención del Justicia, denegaba la reversión el 10 de enero de 1995. Se alegó que el embalse de Jánovas se hallaba en construcción. El bucle tomaba dimensiones kafkianas.
Ese mismo año se creó la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) con Pedro Arrojo como uno de sus miembros más visibles y comprometidos a la hora de cuestionar la realización de grandes infraestructuras hidráulicas dentro de una “Nueva Cultura del Agua”
La Asociación del Río Ara (ARA) nació en mayo de 1998 con el objetivo de oponerse a la construcción del embalse y recuperar los derechos de los afectados por las zonas por anegar. Una de sus estrategias fue reivindicar para el rio Ara “las máximas figuras de protección de espacios naturales” La idea funcionó a excepción del tramo que discurría entre Jánovas y Fiscal. También utilizaron la vía de los tribunales para dirimir la caducidad de la concesión de aguas que terminó en la Audiencia Nacional y, conscientes de su importancia, impulsaron campañas para mantener informada a la sociedad. Pero el gran paso de la Asociación fue propiciar el contacto directo con los altos cargos ministeriales que veraneaban en Ordesa.
En junio de 1998 se reunieron con Isabel Tocino. La Ministra de Medio Ambiente los  escuchó, les hizo algunas promesas y nunca más se supo. Sin embargo al año siguiente José Luís Muriel, Secretario General del Ministerio, tuvo un papel fundamental en la resolución casi definitiva del conflicto porque se comprometió a frenar las presiones que recibía el técnico encargado de valorar el impacto medio ambiental que suponía la construcción del embalse de Jánovas.
Muriel cumplió la palabra dada el 15 de marzo del 2000 y la Administración firmó una declaración en la que se afirmaba que “este proyecto tendrá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que el  órgano ambiental, a los solos efectos ambientales, no considera pertinente su construcción.”La resolución provocó un terremoto en el Ministerio, titulares de primera página en la prensa regional y se publicó en el BOE el 10 de febrero de 2001, un año después.
La caducidad de las concesiones se produjo en 2005, la vía para la reversión de las propiedades se abrió en 2008 y aún se tuvo que esperar hasta el 15 de diciembre de 2013 para que Rafael Médez publicara una pieza en el diario El País[i] que parecía poner fin a toda esta historia
El jueves, Jánovas comenzó a volver a manos de sus habitantes. Ese día, nueve propietarios firmaron con Endesa —la eléctrica que en 1993 adquirió la concesión hidroeléctrica— la reversión de las tierras y las casas. Fue en un acto frío y rápido en la Confederación Hidrográfica del Ebro, apenas una firma y un cheque que cambió de manos, pero a la vez supuso algo muy simbólico en la dura historia de Jánovas.
Aunque esto parece el final de una historia que, con raíces de más de un siglo de antigüedad , nos cuenta como un pantano de papel había salvado el discurrir al rio Ara pero dejaba a su vera un puñado de casas derruidas. En realidad es solo el principio de otra historia, de la historia de cómo la vida vuelve a las tierras, las calles y las casas del pueblo de Jánovas.




JÁNOVAS: EL FRACASO DE UN ESPACIO PRODUCIDO
La geografía de hoy, nos recuerda Ortega [2014], es pensar en un espacio que suponga un producto radicalmente renovado y que sirva como la herramienta necesaria para abordar las disensiones de las relaciones sociales. Una corriente que nos lleva a considerar el espacio como un producto. El cambio de la percepción es copernicano porque el espacio deja de ser una variable con la que dar cuenta de la realidad social, y pasa a ser el objeto a indagar, el marco en el que se desarrollan las ciencias sociales. Por lo tanto, como producto social, el espacio es un objeto en que operan individuos, grupos sociales, institucionales, etc.
En ese marco teórico podemos insertar, como nos recuerda Capel [2006:2] la gestión de los recursos naturales que pertenecen a toda la Humanidad y como, frente al dicho común que recuerda que lo que es de todos es de nadie, se suscita el debate sobre la privatización de esos bienes en busca de una gestión más eficaz en beneficio de todos.
Y vuelvo a Capel [1998: 4-6] para recordar que los pasos de este trabajo se orientaran hacia la “interrelación entre diferentes tipos de fenómenos, esencialmente físicos y humanos” sin olvidar que cualquier estudio del medio físico está afectado por la acción humana y que, por lo tanto, se hace necesaria una crítica a los postulados económicos que provoquen graves problemas sociales.
Para el itinerario que me propongo realizar he acudido a la ayuda de Delgado [2003:65] y su interesante aportación sobre la relación que “llevó a geógrafos y economistas a interesarse por la explicación de relaciones espaciales a partir de teorías económicas” que buscaban explicar los patrones espaciales de las actividades económicas en base a cuatro puntos que, una vez expuestos serán nuestras guías en la historia del pantano nunca construido de Jánovas:
1) Existe un orden identificable en el mundo material.
Las dos condiciones materiales principales para la construcción de un pantano son caudal y desnivel. Ese escenario se encuentra sin demasiada dificultad en el río Ara al que, desde los inicios de la historia del pantano de Jánovas se sumaron dos actores principales, un protagonista y un antagonista que, al contrario de lo que sucede en el teatro, su disposición en escena al mismo tiempo resulta contraproducente. Me refiero a los regadíos y la energía eléctrica, dos variables que justificaban la inversión en el marco histórico del 98, cuando España se mantenía postrada en la depresión de la pérdida de las últimas colonias de Ultramar y, los regadíos y la electricidad eran los ingredientes fundamentales para mejorar el sector agrícola e industrial. Sin embargo la pregunta que nadie se decidió a contestar era ¿Son compatibles las hectáreas con los kilovatios?
2) Las personas son agentes que toman decisiones racionales.
Caudal y desnivel. Energía eléctrica y regadíos. Esas son las variables que sobrevuelan junto a la concesión administrativa que permitía su explotación en base a un proyecto que tenga por objetivo la duplicidad de aprovechamiento de las aguas del Ara. Pero esta última condición significaba un lastre para su eficiencia económica y una causa de constantes tensiones entre la administración hidráulica de la cuenca y las empresas hidroeléctricas. Unas divergencias que fueron el motivo final que dilató el proceso, terminó por salvar al río de ser represado y sin embargo ocurrió lo impensable: El desalojo de las casas del valle.
El objetivo del Estado era anegar ciertas zonas para conseguir trasvasar agua y exportar electricidad a otros territorios. Nos encontramos ante una decisión estratégica que a principios de siglo podría tener la justificación del desarrollo. Es imprescindible situarnos en aquella época para entender este tipo de decisión, sin embargo, es incomprensible que el Estado, ante la evidente incompatibilidad de los objetivos planteados, no tuviese clara cuál de las dos opciones tenía que primar, dejando que la empresa concesionaria de las aguas defendiera exclusivamente sus intereses que, parecía evidente, pasaban por la máxima producción de energía eléctrica al menor coste posible. En ese sentido la sorpresa de la historia de Jánovas es la pasividad del Estado a la hora de decidir la utilidad final y definitiva del embalse de Jánovas: La máxima generación de energía con los inconvenientes que significaban la inundación de pueblos, o una función de almacenaje para la creación de regadíos que llevaba aparejada una menor cota de altura para el agua embalsada y, por lo tanto, una menor incidencia en los núcleos poblacionales.
3) Las personas que toman decisiones económicas están completamente informadas y buscan obtener el máximo beneficio.
En este punto es imprescindible hacer un alto para preguntarnos ¿ qué entendemos por el concepto “máximo beneficio”? Desde el punto de vista económico, es un objetivo válido que, como cualquier otra variable social, debe estar sometido al marco legal y, desde el punto de vista social, la obtención del máximo beneficio no debería dejar a nadie en la cuneta, sobre todo cuando ese beneficio se sustenta en un bien común como es el agua. Volvemos a Capel [2006:2] que nos recuerda como “frente a las llamadas a la privatización, es posible defender con información, reglas comunes y autoridad un consenso en beneficio de todos”
En este sentido Menjón [2006:85] recoge el informe que Iberdrola elaboró en agosto de 1971 en el que presentaba a la Administración las condiciones de explotación que pasaban por aumentar el volumen embalsado hasta 548 m3 y tres condiciones 1) Que el embalse pudiera ser utilizado en invierno. 2) Fijar un mínimo de explotación para conservar la producción de la potencia instalada y 3) Una posible aportación del Estado en compensación por los beneficios que significaban incrementar los caudales para riego en verano. Y además se añadía una coda que se situaba en el futuro: Si “el aprovechamiento no resultase económico, sería conveniente negociar con la Administración el rescate de la concesión en su parte correspondiente al embalse de Jánovas” Un texto que deja en evidencia que la empresa concesionaria velaba única y exclusivamente por sus máximos beneficios y que ni siquiera se planteaba el perjuicio de almacenar la cantidad de agua que barajaba en su informe.
Este tipo de planificación, como nos recuerda Menjón [2006:85] en palabras de José Luís Benito Alonso, biólogo del Instituto Pirenaico de Ecología, corresponde a lo que denomina “gula de agua”, un planteamiento de exigencia permanente de recursos hidráulicos, “de nada sirve realizar obras hidráulicas ni ampliarlas, porque nunca se llega a satisfacer esa exigencia: hecha una obra, acto seguido se crean nuevas necesidades y se anuncia que se necesita más agua, por lo que se piden nuevas y mayores infraestructuras.”
4) La actividad económica se desarrolla en un ambiente de libre competencia y dentro de un marco espacial uniforme o isotrópico.
Una máxima de libre competencia que no se tuvo presente en Jánovas, como nos recuerda José Mª Santos, maestro de Guaso y presidente de la Asociación Río Ara [Menjón 2006]: “Era una empresa que dominaba esta comarca completamente, no sólo por Jánovas, sino por todo el complejo hidroeléctrico del Alto Cinca, de 19 embalses interconectados hechos ahí, tenía un poderío tremendo. Eso son empresas casi de tipo colonial.”
Un poder que la empresa concesionaria utilizó para, ante la creación de un nuevo espacio, ejercer una enorme presión frente a la impotencia de los ciudadanos. Una presión que utilizó en tres planos: Legal, intimidatorio y la puerta giratoria.
En la década de los años 50 podemos hablar de “Acuerdos amistosos” porque, aunque la compañía había obtenido el permiso para expropiar los terrenos que necesitase para la construcción del embalse, en lugar de aplicar la Ley de Expropiación Forzosa dedicó sus esfuerzos a convencer a la gente para que vendiese libremente. El método era sencillo para aplicarlo a gente sencilla: Es mejor vender porque el pueblo se va a quedar anegado por el pantano, te evitas los trámites de los pleitos y cobras en el acto. Fue una manera de allanar voluntades que ocultaba dos importantes intereses. El primero era que las tierras se compraron a un precio más bajo de lo que exigía la aplicación de la ley de expropiación. El segundo era de carácter jurídico, la compañía siempre podría aducir que los propietarios vendían libremente y que, por lo tanto, estaban de acuerdo con marcharse, eso reducía la posible imagen negativa de la empresa y era un buen impedimento para futuras reclamaciones por parte de los antiguos propietarios.
Los contratos firmados daban la propiedad a la empresa y, aunque el pantano no estuviera todavía construido, el nuevo propietario se dedicó a presionar a los vecinos de Jánovas para que abandonaran fincas y casas como nos recuerda Menjón [2006:57)
Uno firmaba convencido de que, pese a haber cedido sus derechos, podía seguir cultivando sus tierras todavía unos años más, hasta que la empresa las necesitase o hasta que el pantano estuviera construido; pero no fue asi porque Iberduero, enseguida, se dedicó a echar a la gente de sus casas. Sí que podían seguir cultivando sus tierras, sí; lo que no podían era seguir viviendo en el pueblo.
Pero hubo quien no marchó y entonces, en los inicios de los años 60, la hidroeléctrica bilbaína utilizó métodos expeditivos con los habitantes que iban a ser afectados por las futuras obras: La compañía dinamitó varias casas del pueblo para convencer a los reacios. Menjón [2006:59] nos recuerda que en “Jánovas no se ve los efectos de las voladuras, simplemente porque las casas desaparecieron de cuajo.” Y estas palabras me llevan hasta la clase de Arqueología del profesor Carlos Mazo cuando nos recordó que en las excavaciones arqueológicas queda rastro de la estrategia utilizada en la explotación del yacimiento pero, las técnicas de vaciando del mismo no dejan huella. Dinamita, maquinaria pesada o expolio: Las casas de Jánovas quedaron derruidas.
Aunque breve, me parece muy relevante el comentario de José María Santos, presidente de ARA, que Menjón [2006:139] recoge bajo el epígrafe de “El compromiso político” en el que nos cuenta como José Luis Muriel, Secretario General, tuvo que dimitir después de firmar el dictamen de impacto ambiental que habían elaborado los técnicos del ministerio, funcionarios anónimos en esta historia y que cumplieron con su obligación profesional.
De hecho, se fue de la Administración, dejó la declaración de impacto firmada y se fue. Su actitud le costó el puesto; no se fue sólo por lo de Jánovas, pero este asunto, desde luego, le provocó una bronca tremenda con Benigno Blanco, secretario de aguas que llegaba de Iberduero, que conocía la historia bien porque había sido el asesor jurídico de Iberduero durante un montón de años, y que no podía tragar que hubiera una declaración de impacto negativa.”
Benigno Blanco es uno de esos representantes de lo que en la actualidad se conoce como puerta giratoria, un mecanismo muy bien engrasado entre la industria energética y la política y que Héctor de Prado Herreros[ii] define como:
El paso de una persona con un cargo político al consejo de administración de una empresa, y viceversa. Esta “simbiosis” entre el sector público y el privado suele perpetuarse en el tiempo causando peligrosas dinámicas de poder, normalmente en contra del interés general y a favor de los privilegios de unos pocos.
Este fenómeno se da desde hace muchos años en la mayoría de países occidentales, aunque en España se destaca por su intensidad y su desfachatez, especialmente en el sector energético. Se podría decir que la “puerta giratoria” española es eléctrica, cosa que no sorprende: empresas con grandes beneficios que dependen de la regulación pública y que necesitan que ‘alguien’ les abra las puertas en el exterior.
Este tipo de relaciones, más allá de lo que supone desde el punto de vista de una sospechosa gestión de los bienes comunes, es uno de los gérmenes para que la corrupción política anide en el seno de la Administración.



EPÍLOGO
Desde que comencé a escribir este trabajo siempre tuve claro que debía terminarlo haciendo referencia a la carta que Antonio Buisán escribió el 20 de mayo de 1966 “A su excelencia el Generalísimo Franco caudillo de España” y que Menjón [2006:77] recoge en el capítulo nueve de su libro. Una carta que era la llamada de  auxilio de un ciudadano a la Administración porque piensa que el papel del Estado, como escribe Senserrich [2013:209] “es un ente que protege a sus ciudadanos ante el infortunio” Un infortunio que Antonio identificaba perfectamente en su escrito “Siento decir que dicha Empresa, a nuestro entender, no ha obrado bien con los pocos vecinos que quedábamos clausurando la Escuela sin derecho a ello, empezando a derrumbar el pueblo con dinamita a 100 metros de nuestras viviendas.”
La respuesta fue fría y burocrática. Antonio murió tres años después cuando en su pueblo no había ni iglesia ni cementerio. La iglesia estaba derruida y el cementerio expropiado. La misa de funeral de Antonio Buisan, en palabras de Menjón [2006:79], se hizo en Lacort y fue enterrado en Boltaña, en unos nichos propiedad de Iberdurero. Fue el último en morir en Jánovas.
La muerte de Antonio y las ruinas de Jánovas son como el Macondo de García Márquez que, tras conocer la promesa de progreso y desarrollo, vio como la masacre arrasó a los trabajadores del banano, terminó con los sueños de prosperidad y dejó al pueblo asediado por las lluvias. Y tal vez las primeras reversiones de tierras y viviendas han terminado con el tiempo de las lluvias en Jánovas.
Sin embargo la historia continúa y la gestión de bienes comunes cedidas a la iniciativa privada vuelve a la actualidad como nos recuerdan Mª Ángeles Fernández y J. Marcos [iii] «Este mismo año, una vez terminada la ordenación de todos los ríos, comenzaremos a negociar para alcanzar ese gran Pacto Nacional del Agua», germen a su vez de un futuro Plan Hidrológico Nacional, adelantan desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Está sobre la mesa la construcción de una red de infraestructuras que facilite la comercialización del agua, una postura que abrirá la gestión de los ríos a los mercados y a los intereses privados.”



BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Ortega Valcárcel, José. La Geografía para el siglo XXI. Geografía Humana. Ariel. Barcelona. 2004.
Capel, H. Una geografía para el siglo XXI. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, Nº 19, 15 de abril de 1998.
Delgado Mahecha O. Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Universidad Nacional de Colombia. Unibiblos, Bogotá. Ovidio (2003)
Menjón, Marisancho. Jánovas. Víctimas de un pantano de papel. Pirineum Editorial. Zaragoza. 2006.
Médez, Rafael. “Regreso agridulce a Jánovas.”. 15 Dic. 2013. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/14/actualidad/1387051613_669799.html. El País. Última consulta marzo 2014.
Héctor de Prados Herrero. “Las puertas giratorias en el sector energético español: De la corrupción a la estafa”. Nueva Tribuna. 22 de febrero de 2013. http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/las-puertas-giratorias-en-el-sector-energetico-espanol-de-la-corrupcion-a-la-estafa/20130222124023088698.html. Última consulta marzo 2014
Senserrich, Roger. “Las falacias de la verdadera izquierda.” Five. Enero 2013:209-213.
Mª Ángeles Fernández y J. Marcos. “El Gobierno pone precio a los ríos”. El diario.  9 de marzo de 2014. http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-pone-precio-rios_0_236226895.html. Ultima consulta 10 de marzo de 2014.
i Rafael Médez. “Regreso agridulce a Jánovas.”. 15 Dic. 2013. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/14/actualidad/1387051613_669799.html. El País. Última consulta marzo 2014.
ii Héctor de Prados Herrero. “Las puertas giratorias en el sector energético español: De la corrupción a la estafa”. Nueva Tribuna. 22 de febrero de 2013. http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/las-puertas-giratorias-en-el-sector-energetico-espanol-de-la-corrupcion-a-la-estafa/20130222124023088698.html. Última consulta: marzo de 2013.

iii Mª Ángeles Fernández y J. Marcos. “El Gobierno pone precio a los ríos”. El diario. 9 de marzo de 2014. http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-pone-precio-rios_0_236226895.html. Ultima consulta 10 de marzo de 2014.


[i] Rafael Médez. “Regreso agridulce a Jánovas.”. 15 Dic. 2013. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/14/actualidad/1387051613_669799.html. El País. Última consulta marzo 2014.
[ii] Héctor de Prados Herrero. “Las puertas giratorias en el sector energético español: De la corrupción a la estafa”. Nueva Tribuna. 22 de febrero de 2013. http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/las-puertas-giratorias-en-el-sector-energetico-espanol-de-la-corrupcion-a-la-estafa/20130222124023088698.html. Última consulta: marzo de 2013.

[iii] Mª Ángeles Fernández y J. Marcos. El Gobierno pone precio a los ríos”. El diario. 9 de marzo de 2014. http://www.eldiario.es/sociedad/Gobierno-pone-precio-rios_0_236226895.html. Ultima consulta 10 de marzo de 2014.

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