La corrupción: Algo huele mal

Rodrigo Borja en su enciclopedia política nos recuerda como Marcelo, uno de los centinelas del Palacio Real de Elsingor, le dice al príncipe Hamlet que algo huele mal en Dinamarca, justo antes de que se presente el fantasma de su padre. El rey de Dinamarca cuenta que acaba de ser asesinado por su hermano Claudio para usurparle la corona y casarse con la viuda. Ese momento narrado por la pluma de Shakespeare originó que la frase "algo huele mal en Dinamarca" designara las cosas que no marchan bien en un país a causa de la corrupción.

La Real Academia de la Lengua define la corrupción en las organizaciones, especialmente públicas, como las prácticas que los gestores realizan para sacar provecho personal de sus funciones profesionales. Victoria Carvajal nos lleva hasta el FMI que la califica como “impuesto al crecimiento” a cargo del contribuyente y que supone una reasignación de recursos públicos que, en lugar de invertirlos en educación, sanidad o investigación, terminan en los bolsillos de quienes gestionan esos fondos. Pero la corrupción también anida en la columna de ingresos a la que no llegan los fondos favorecidos por exenciones fiscales, pagos de sobornos o amnistías fiscales que terminan por desincentivar al pequeño contribuyente inmerso en el menudeo de la economía sumergida. En España, recuerda Carvajal, se cuentan ya 121 casos de corrupción que han supuesto el desvío de miles de millones de euros de las arcas públicas.

Los corruptos, como apunta Fernando Savater, son unos privilegiados incapaces de comprender que su situación es una oportunidad para ayudar a la comunidad y optan por todo lo contrario: El corrupto solo piensa en saquear los fondos públicos e incumplir el objetivo social de proteger y distribuir el dinero que legitima el Estado democrático para arrastrarnos al paraíso de los ladrones.

Manuel Villoria nos invita a beber de la definición que Javier Pradera hizo de la corrupción española que surge tras la Constitución de 1978 como “el abuso de poder en beneficio privado, directo o indirecto. Cuando a una persona se le otorga poder para que lo use en beneficio del grupo que se lo cede fiduciariamente y, traicionando la confianza, lo usa para beneficiarse directa o indirectamente.”

La corrupción en España, insiste Villoria, no está relacionada con la inmensa mayoría de los servicios públicos y los funcionarios que los gestionan porque el 80% de las sentencias por corrupción analizadas por Carlota Tarín han tenido lugar en ámbitos locales relacionados con la  contratación, las licencias y el urbanismo. Las más altas cotas de percepción sobre la corrupción europea y especialmente españolas se centran en las empresas constructoras de infraestructuras y gestión de residuos.

Todas estas estrategias suelen esconderse en los entresijos que permiten navegar a los corruptos entre las aguas de la legalidad y la responsabilidad política, por eso es importante recordar una carta publicada en The Guardian “La narrativa de los medios de comunicación hasta ahora se ha centrado en el escándalo y en los que es legal o no. Y lo que yo quiero que se sepa es que lo legal es escandaloso y tiene que cambiar.”

¿Qué ha cambiado en España después de la sucesión de escándalos a la que hemos asistido? Fernando Jiménez nos recuerda el proceso de cambios legales para dar apariencia de que se reaccionaba cuando en realidad no había la más mínima intención de ir a las causas del problema. En 1987 se introdujo una ley para ampliar la financiación pública recibida por los partidos al tiempo que se les imponían algunas limitaciones a la financiación privada, pero el legislador “no cayó en la cuenta” de que todas estas limitaciones quedaban en papel mojado al permitir las donaciones anónimas. Veinte años después y con una nueva ola de escándalos en 2007 se prohibieron las donaciones anónimas sin embargo, el legislador volvió a “olvidarse” de introducir limitaciones sobre las condonaciones de las deudas bancarias de las que se beneficiaban algunos partidos y permitió que las donaciones, en lugar de ir a los partidos, fueran a las fundaciones de los mismos. En el 2012 se introdujeron nuevos cambios para que esos regalos de los bancos a los partidos llamados condonaciones se vieran sujetos a limitaciones, pero el legislador flexibilizó el régimen de donación a las fundaciones y eliminó los topes legales que se podían percibir. Con Bárcenas llegó la última reforma de 2015 en la que se elimina por completo las donaciones de cualquier empresa a los partidos, sin embargo nos encontramos ante un nuevo olvido porque, en el caso de las fundaciones de los partidos, las empresas pueden seguir aportando fondos sin límite.

Parece evidente, recuerda Jiménez, que nos encontramos ante reformas meramente cosméticas que nos llevan hacia una pérdida de credibilidad y confianza en los actores políticos y a confundir las consecuencias con las causas de la corrupción. Porque el combate contra la corrupción no debería fiarse al poder prodigioso de las instituciones, sino más bien debería centrarse en las operaciones concretas que se ejecutan en el contexto social en el que inciden dentro de un proceso político donde la corrupción, más que una enfermedad, es el síntoma de que en órdenes sociales muy estables predomina la lógica grupal primaria de pertenencia (familia, confesión religiosa, partido político) que los actores políticos sitúan por encima de los intereses generales. Por eso es importante instalar una gobernanza en la que las fronteras entre lo público y lo privado sean mucho más sólidas de lo habitualmente aceptado, y en el que los ciudadanos que aspiran a tener algún grado de poder político sean capaces de anteponer los intereses generales de la sociedad a los de su propio grupo. Las sociedades, afina Jiménez, que instauran esta gobernanza son sociedades menos corruptas. Por lo tanto el error consiste en identificar la corrupción con una enfermedad en la que se puede aislar a los corruptos para mantener sano al resto de la sociedad, desde ese punto de vista, la solución no consiste en sustituir gobernantes corruptos por otros que se encuentren con las mismas reglas de juego y fiarlo todo a la integridad moral de los recién llegados, como asegura Andrés Herzog, la paupérrima calidad de nuestra democracia es el fundamento de la corrupción política que, “afortunadamente no contagia a la función pública”, y solo se ha instalado en el entramado de cargos electos y por extensión en las empresas que contratan con la Administración. Herzog señala que este tipo de corrupción se ha producido por la colonización de los partidos políticos en todos los ámbitos sociales hasta crear una red clientelar que algunos han calificado como capitalismo de amiguetes.

Herzog aporta una solución: Avanzar hacia una mejor democracia en la que se respete las instituciones del Estado mediante una despolitización que permita profesionalizarlas, algo que no se podrá conseguir sin una ciudadanía exigente e implicada por la intolerancia ante la corrupción, el clientelismo y la mentira.

Tal ver por eso recuerdo la serie danesa de televisión Borgen y el impacto que recibí al comprobar cómo el funcionario de carrera Niels Erik Lund, desde su cargo de Secretario Permanente de la Oficina del Primer Ministro, no hace distinciones entre laboristas, moderados o liberales. Los políticos electos pasan por las dependencias oficiales mientras él permanece en ellas para poner un hilo de continuidad profesional en la gobernanza del país.

Documentación

Borja, Rodrigo. Enciclopedia política. http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=a&idind=1589&termino=

Carvajal, Victoria. “El coste de la corrupción en el mundo.” Ahora.3-9 de junio de 2016.13.

Herzog, Andrés. “¿Nos preocupa realmente la corrupción?.” Claves. Mayo-Junio 2016: 32-41

Jiménez, Fernando. “Tres errores en el combate de la corrupción.” Claves. Mayo-Junio 2016: 18-31

Savater, Fernando. “Corruptio optimi pessima.” Claves. Mayo-Junio 2016:5-6

Villoria, Manuel. “La sociedad española frente a la corrupción.” Claves. Mayo-Junio 2016: 8-17

Ilustración de El Roto:

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