La curvatura de la córnea

21 septiembre 2015

Transición y democracia. Élites y ciudadanía: La alargada sombra del franquismo



“El óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición.
El olvido entró en mi lengua y no tuve otra conducta que el olvido,
y no acepté, otro valor que la imposibilidad.
Como un barco calcificado en un país del que se ha retirado el mar,
escuché la rendición de mis huesos depositándose en el descanso;
escuché la huída de los insectos y la retracción de la sombra al ingresar en lo que quedaba de mí;
escuché hasta que la verdad dejó de existir en el espacio y en mi espíritu,
y no pude resistir la perfección del silencio.”

(Antonio Gamoneda. Descripción de la mentira, 1975)

Transición y democracia.
Élites y ciudadanía:
La alargada sombra del franquismo


Óscar López Acón y Javier López Clemente
 

Presentación

El próximo 20 de noviembre habrán transcurrido 40 años de la muerte de Franco, prácticamente el mismo tiempo que se mantuvo en el poder, un siglo corto que determina, influye y se proyecta sobre la sociedad española.

Las colas inacabables de ciudadanos, sollozantes que desfilaban ante el cadáver del Caudillo, confiando tal vez en que el Dios de los ejércitos lo resucitase, parecían barruntar todas las prerrogativas franquistas que seguirían adheridas a nuestra geografía humana, y hasta cuándo. No obstante, ahí concluía de hecho – o más bien en teoría – la posguerra, al menos se clausuraban todos los pretéritos de mi memoria personal alojados en cuatro décadas de dictadura. /…/ Pero, ¿empezaba ahí realmente el ocaso irreversible de la omnipresencia doctrinaria del dictador? ¿Merecerían sus secuaces un veredicto justiciero o acaso se iba a promulgar la omisión del pasado, el desenlace súbito de una “historia sin culpables”, la negativa a promover una vez más el viejo método racionalista de la crítica histórica? No parecía dudoso, en cualquier caso, que estábamos finalmente atravesando la frontera que escindía un tiempo de otro tiempo, un ayer deplorable de una mañana insospechado. Todo lo que vino inmediatamente después, el arduo, irresoluto, pusilánime acceso a la democracia, pertenece ya a otra novela de la memoria.
(José Manuel Caballero Bonald. La costumbre de vivir. 2001)
La victoria de Franco en la Guerra Civil y la posterior represión fueron, en palabras de Paul Preston, “una especie de inversión política, un terror productivo que aceleró el proceso de despolitización llevando a la mayoría de los españoles a la apatía política” Esa despolitización todavía se aprecia en la sociedad y ese rasgo social es el que nos llevó a interesarnos por la historia política de la Transición de la dictadura a la monarquía, un proceso, como recuerda Julián Casanova, pilotado “desde arriba, conducido por las autoridades procedentes del franquismo y pactada en algunos puntos básicos con los dirigentes de la oposición democrática.” Por eso, aunque somos conscientes de que un estudio sobre la Transición precisa de un análisis que abarque los cambios sociales, culturales, políticos, de los movimientos obreros y religiosos en los que participaron una amplio repertorio de personas, nosotros vamos a detenernos en el trabajo realizado por las élites políticas tanto del régimen franquista como de la oposición que terminó formando parte de las Cortes democráticas tras las elecciones de junio de 1977. Para ello nos centraremos en dos de las leyes que se aprobaron en este periodo, la llamada LRP o Ley para la Reforma Política y la Ley de Amnistía. Un punto de partida para proyectarnos sobre el presente más rabioso con la intención de poner sobre la mesa del debate la relación del binomio élites/ciudadanos como actores políticos. Un intento para reflexionar sobre la calidad de la democracia y avisar de que tal vez, la larga sombra del franquismo, todavía determine muchas actitudes políticas.
El arranque inicial de este trabajo viene determinado por una lectura seleccionada del libro Ha estallado la memoria. Las huellas de la Guerra Civil en la Transición a la Democracia que, editado con Biblioteca Nueva y bajo la dirección editorial de Gonzalo Pasamar, especialmente de la introducción y de los capítulos 1, 3, 4 y 7. A partir de esta fuente de información nos hemos acercado a otros autores para describir el marco general que ayude a entender una situación histórica que en el terreno político manejaba conceptos como “memoria” y “olvido” que difieren de manera sustancial a como se manejan a día de hoy. Una vez situado el escenario nos centraremos en las leyes de Reforma Política y de Amnistía con la intención de subrayar la importancia que tuvieron las élites políticas en el desarrollo de los acontecimientos y como ejercieron de bóveda para proteger el proceso de Transición ante una población altamente despolitizada y preocupada por el futuro.
A lo largo del texto huiremos tanto de los que destacan el carácter modélico y privilegian el protagonismo de las élites políticas, como de los que denuncian este protagonismo y los sitúan entre el mito y la mentira para culpar a la Transición de desmemoria. Posiciones que fijan una doble apuesta: De un lado la transición a la democracia tan solo fue un “revoco de fachada de un régimen que se perpetúa a sí mismo” y por otro lado, aquellos que, además de negarla, la señalan como “la gran culpable de los actuales déficit de una democracia a la que aguarda una segunda transición para ser auténtica, verdadera.”

Introducción: Atado y bien atado

El golpe de estado de julio de 1936 era un recuerdo que jugó un papel fundamental en la Transición de la dictadura a la democracia porque, si bien es cierto que nos encontramos ante un proceso complejo lleno de expectativas, pensamientos y temores entre la población española, hemos optado por centrarnos en un somero estudio que ayude a poner un poco de luz y distancia sobre las dos narrativas que se suelen subrayar en torno a la Transición y que inexorablemente se relacionan con el recuerdo de la Guerra Civil, dos narrativas profundamente arraigadas en la memoria nacional. La primera atribuye a la Ley de la Reforma Política y al pacto constitucional la capacidad de dejar atrás la vigencia de la Guerra. La segunda califica  a la Transición como pacto de silencio entre franquistas y una oposición desvinculada de la memoria del pasado e interesada en acallar la voz de los movimientos sociales de la época.
Sin embargo, más allá de estas dos posturas, nos parece mucho más interesante atender a la hipótesis de Gonzalo Pasamar que — apoyándose en la definición que de memoria cultural hace Aleida Assman como “un mecanismo protético, una creación colectiva hacia afuera y hacia dentro que, con el paso del tiempo es transmitida, transformada y remodelada por las sucesivas generaciones” — sostiene que la Transición es un proceso que se aceleró en las propias memorias, que había comenzado antes y ha continuado después, “y que lleva a la Guerra Civil y al franquismo a convertirse inevitablemente en parte del acervo de memoria cultural de los españoles.” Por eso, defiende Gonzalo Pasamar, la muerte de Franco y la disminución de la censura catalizaron el concepto de “reconciliación” en la memoria política, no solo de la población, también de los partidos políticos y las instituciones. Esta posición coincidía, dentro de los partidarios de la reforma y la mayoría de los dirigentes de la oposición, con la intención de subrayar las diferencias entre la coyuntura de mediados de los setenta y la del año 1936.
Cuarenta años de franquismo que, como recuerda el hispanista Raymond Carr, es “el gobierno unipersonal de más larga duración de la historia moderna de Europa”, cuarenta años que lejos de constituir un paréntesis en nuestra historia, supusieron una insondable involución socio-política y todavía pesan como una losa. Un gobierno autoritario tan prolongado, en palabras de Julián Casanova, “tuvo efectos profundos en las estructuras políticas, la sociedad civil, los valores individuales y en los comportamientos de los diferentes grupos sociales” y así mientras en 1945 concluida la II Guerra Mundial que derrotaba al fascismo, Europa occidental inició el camino de la ciudadanía, los derechos civiles y el Estado de bienestar mientras España quedó al margen, anquilosada en su podredumbre, sin ninguna experiencia directa con los derechos y los procesos democráticos.
Estos condicionantes marcaron definitivamente la limitación en el uso de la memoria política de un “electorado moderado que había convivido durante décadas con la propaganda franquista y se hallaba preocupado por los cambios”, de tal manera que el resultado fue la renuncia de algunas reivindicaciones “históricas” y tanto partidarios de la reforma como de la reconciliación practicaron un silencio político en lo relacionado con la represión franquista, una situación que de hecho ya estaba aceptada por grandes sectores de la población. Este factor de “silencio” determinó el futuro de la democracia.
De nuevo recurrimos al pasado para intentar dar respuesta a nuestro propio presente, partimos de la certidumbre de que solo pensando históricamente, parafraseando a Pierre Vilar, podemos pensar la realidad en toda su complejidad. Apoyándonos en los más prestigiosos expertos nos disponemos a analizar la pervivencia de ese pasado, "la larga sombra del franquismo", y dilucidar si quedo todo "atado y bien atado".

La memoria durante el franquismo

El elemento legitimador de la dictadura franquista fue la Guerra Civil, un hecho fundacional que impregnó la política y permitió una concepción épica y maniquea de la historia de España.
Franco, en virtud de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), una de las ocho leyes fundamentales del Movimiento, designaba sucesor a Juan Carlos de Borbón que fue ratificado ante las cortes. El discurso del dictador rubricaba sus pretensiones de solidificar el régimen y perpetuar la obra fundacional del 18 de Julio. Atado y bien atado, palabras de reminiscencias medievales, de la teocracia pontificia que propugnaba la supremacía espiritual sobre lo temporal, en base al poder de "atar y desatar" entregado por Cristo a la Iglesia en la persona de San Pedro. Asimismo denotaba el revestimiento simbólico del poder, por parte del adalid de la Cruzada, el Caudillo, encumbrado a la historia como los grandes reyes medievales.

Al mejor servicio de Dios y de la Patria tengo consagrada mi vida, pero       cuando por ley natural mi Capitanía llegue a faltaros, lo que inexorablemente tiene que llegar, es aconsejable la decisión que hoy vamos a tomar, que contribuirá, en gran manera, a que todo quede atado y bien atado para el futuro.
(Franco, 22 de julio de 1969)
Estas palabras nos remiten al franquismo como un régimen político de dominación institucional que surge al derrocar la legalidad democrática republicana, una dictadura militar que instituyó una organización del poder estatal que, como expone Enrique Moradiellos, devino en una “autoridad de derecho que impone deberes y exige obediencia” Un poder político como el planteado por Maquiavelo en "El Príncipe (1513) con una expresión de doble naturaleza: "bestia y hombre", esto es, fuerza coercitiva y consentimiento de los gobernados.
Raymond Carr quedó muy impresionado en los años 50 con la presencia psicológica del franquismo y, más allá de un descontento variable durante los años 60 y 70, los cambios sociales y económicos mezclados convenientemente con la propaganda del Régimen y una ignorancia en cuanto al significado histórico de la contienda; permitió al franquismo de los años 60 en adelante obtener la ventaja de mantener despolitizados a los españoles. Una operación que tuvo en gran éxito si atendemos al dato recogido por Rafael Borras en una encuesta del año 1971 y que revela respuestas “ambiguas” y “cautelosas” en torno a la economía, la reconciliación y la libertad de asociación. Sin embargo, los encuestados reconocían en la Guerra Civil un acontecimiento vivo, “algo presente que había influido en sus vidas”, lo que nos llevaría concluir que “la mayoría de los españoles no estaba interesada en la política y mostraba más bien una actitud de aquiescencia hacia el Régimen”, todo ello pese a la aparición de diferentes organizaciones y movimientos en esa época destinados a menguar la legitimidad franquista en los ámbitos estudiantiles, artísticos, católicos disidentes, y los movimientos vecinales que jugaron un papel clave en el cambio político dentro de los primeros ayuntamientos democráticos.
El desafío frente a la “doctrina de la cruzada” se condensó en una palabra: Reconciliación. El PCE constituyó el núcleo del movimiento político en contra del franquismo y en junio de 1956, bajo el epígrafe de “la doctrina de la reconciliación nacional”, llegó a la conclusión de que “la Guerra ya no era la línea divisoria entre los españoles”. Un cambio en la memoria política que se sintetizó a mediados de los años 70 cuando el joven intelectual socialista Raúl Morodo afirmaba en una revista neoyorkina que, respetando la legitimidad de la República, era necesario un análisis de transformación de la dictadura para encontrar “soluciones políticas que ya no dependían necesariamente del retorno del republicanismo histórico, pues la Guerra Civil y la polarización amigo/enemigo estaba cayendo en desuso entre las nuevas generaciones” La posición de Morodo se identifica con los opositores interiores al Régimen que, frente a una mayoría de exiliados entre los que permanece la idea de legitimidad relacionada con el recuerdo republicano, apuestan por la idea de que “deberían ser los españoles quienes decidieran sobre la forma de estado sin que prevaleciese de antemano la fórmula republicana o monárquica”

Tampoco es que estuviera muy al tanto de las inducciones organizativas de esas primeras luchas estudiantiles, pero creo recordar que ya andaba entre bastidores Jorge Semprún – es decir, Federico Sánchez – y que el PC basó en esa coyuntura una nueva estrategia de movilizaciones en universidades y fábricas, a partir sobre todo de lo que se llamó la política de reconciliación nacional. El PC fue muy hábil: en ningún momento habló de revanchas o motines, lo que habría sido incluso contraproducente, sino de fomentar la unidad de la lucha dentro de las corrientes democráticas y el planteamiento de la huelga general política
(José Manuel Caballero Bonald. La costumbre de vivir)


Crisis del pasado y mirada de futuro

Aunque en esta modificación de la memoria política tuvo un papel definitivo el desarrollismo de los años 60 y 70 sintetizado en el eslogan “paz y progreso”, la crisis del Régimen comenzó el 20 de diciembre de 1973 con el atentado terrorista que terminó con la vida del Presidente del Gobierno Carrero Blanco hasta culminar con la muerte del dictador dos años después y dejar al postfranquismo frente a la disquisición del continuismo o una discreta apertura política. Entonces surgió la figura de Adolfo Suárez y su propuesta de reforma política para un pueblo marcadamente apolítico al que puso en modo expectativa con su idea de “una Transición pacífica y gradual” La muerte del dictador significó un deterioro del Régimen a todo lo largo del año 1976 y confirmó que los españoles querían pasar la página de la Guerra aunque no era fácil desvanecer súbitamente décadas de política oficial.
Los autores contemporáneos, recuerda Gonzalo Pasamar, han señalado que el propósito final de la Ley para la Reforma Política era cerrar el paréntesis de la Guerra Civil porque “solo una reforma que desmantelase el franquismo desde dentro, garantizada por el pueblo español en referéndum, podía poner al día la legitimidad de la monarquía española y despegarla de la legitimidad que le consagraba el 18 de julio de 1936.”
Adolfo Suárez abonó el escenario político con unos discursos que olvidaban a Franco y la Guerra Civil para centrarse en una famosa frase de Roosevelt: “Vamos a iniciar un gran debate nacional sobre nuestro futuro y no hay que tener miedo a nada. El único miedo nacional que nos debe asaltar es el miedo a nosotros mismos.”
La oposición también se transformó durante los años 76 y 77. Desde la fórmula rupturista que precisaba de un pueblo maduro para la movilización social, destruir el franquismo , iniciar un proceso constituyente y dar respuesta a la forma de Estado, hasta la tradicional enemistad entre comunistas y socialistas que, pese a todo, ejerció la suficiente presión sobre Suárez para implementar en la Ley de Reforma Política “una parte sustancial del programa de la oposición”, pero por parte de la oposición, incluido el PCE, aceptaron la monarquía de Juan Carlos de Borbón como fundamento de la legitimidad del Estado.
Y en este preciso momento toca hacernos una pregunta clave: ¿Esta aproximación fue un “pacto de silencio”? La respuesta negativa se justifica porque socialistas y comunistas de los años 70 se estaban adaptando a una nueva reformulación de su memoria política, como algunos jóvenes socialistas, encabezados por Tierno Galván que discrepaban de la estrategia de una no intervención en los movimientos sociales y, al mismo tiempo, otro grupo de jóvenes desafiaban a la dirección en el exilio para refundar el PSOE hasta que en 1976 Felipe González publico que “se ha superado el gran trauma que produjo en la vida del Partido Socialista la Guerra Civil”

Adolfo el Suave se entreoyó por teléfono con Felipe el Hermoso y, aparte de ponerse al día sobre el look y los nuevos modelos de bellócrata, decidieron mantenerse cada cual en su lado: el poder y la oposición. ¿Motivos? Para impedir que otros se hagan con el poder y con la oposición
(Manuel Vázquez Montalbán, bajo el pseudónimo de Manolo V el Empecinado, Por Favor, 27 de junio de 1977. n º 156, p. 4)
En cuanto al PCE, aunque había afianzado su idea de ruptura, con el transcurso del tiempo su preocupación se centró en la obtención de la legalización para presentarse a las elecciones generales. Santiago Carrillo a finales de 1976 manejó el concepto de “ruptura pactada” para llegar a la democracia y, dentro de esa tesis, se subrayó que la situación de 1936 nada tenía que ver con las circunstancias de mediados de los 70, de tal manera que “la ruptura democrática nada tiene que ver con el pasado”

Carrillo hizo el discurso político «coyuntural», sentando la posición de los comunistas ante la nueva situación política española: amnistía, retorno de los exiliados, plenas libertades democráticas. /…/ [Dolores Ibarruri] Políticamente dijo lo que era de esperar. Desarmó y sorprendió con su reivindicación del nuevo catolicismo democrático español. Incluso con su cita directa a Tarancón. /…/ Ni un exabrupto. Doy testimonio. Nunca fue un acto de desquite, ni siquiera dominado por la nostalgia. Todo el acto tuvo un tono de propuesta, de normalidad, de esperanza en un fin de fiesta definitivo coexistente, en Madrid
(Manuel Vázquez Montalbán. Triunfo, 10 de enero de 1976, nº676)
Sin embargo, la Transición no se agotaba en las aspiraciones socialistas y comunistas porque los resultados mostraban un electorado moderado (UCD 34%, PSOE 24%, AP 8% y PCE 6%) y, según J. Ribas, la percepción desde la izquierda fue dejar las manos libres a la reforma de Suárez para en realidad, “imponer el esquema de la reforma política del rey Juan Carlos.” Pero, más allá de los resultados y de la percepción crítica frente a una visión demasiado optimista de la Transición, según J.L. Cebrián se generó un cierto desencanto porque el franquismo seguía instalado en las instituciones del Estado. Gonzalo Pasamar afirma que “se puede estar de acuerdo en que la vigencia social de la Guerra Civil y el franquismo no era tan fácil de desarraigar, que la memoria política de los dirigentes de la Reforma y la ruptura pactada no estaba en condiciones de entender a fondo estas dificultades”
El temor y el miedo a que todo el proceso naufragara gracias a ese destino violento que parecería asolarnos a los españoles tuvo su momento álgido a finales de enero de 1977 con el asesinato de los abogados laboralistas de la calle de Atocha.

El miedo al franquismo ha sido sustituido por el miedo a tener miedo del miedo   tanto a lo que pueda como a lo que no pueda pasar.
(Manuel Vázquez Montalbán "De cuando España era diferente" 1986)
El miedo se descubre como un elemento omnipresente en la Transición, puesto que la caracterizó y determinó sus límites, debemos tener presente que no solo los individuos aislados, sino las colectividades y civilizaciones, están embarcadas en un diálogo permanente con el miedo. Desde esta perspectiva, el miedo como fenómeno psicosocial constituye un campo de objeto de estudio para los historiadores y especialistas de las ciencias sociales.
Como ya hemos señalado, bajo la dictadura la idiosincrasia política y mental de los españoles fue modelada en un escenario de violencia, miedo y vigilancia. El miedo permeó hasta el tuétano en varias generaciones, pero especialmente en la de los niños de la guerra, cuyo recuerdo traumático estuvo siempre presente. Así pues, la memoria de la guerra y la cruenta represión que le siguió marco profundamente el discurrir de la Transición, como explica Morán, se trató de un miedo heredado, secular, aplastante, un miedo que imposibilitó cualquier posibilidad de ruptura. Juan Luis Cebrián, director de El País afirmó con un cuarto de siglo de retraso "fuimos una generación que tuvo demasiado miedo".
Las élites postfranquistas monopolizaban los poderes fácticos y demás resortes del aparato estatal, el ruido de sables, el miedo a que se desatara una situación de violencia institucionalizada, el miedo a la regresión, a una vuelta atrás, influyeron en gran medida a la inacción de los españoles, la estrategia de huelga general planeada por los partido a la muerte del dictador no pudo llevarse a cabo, asimismo no se produjo un desbordamiento popular, muy al contrario las colas del palacio de Oriente eran kilométricas y el 23 F nadie salió a defender la democracia, era el resultado de cuarenta años de sumisión.
Sumamente significativo es el hecho de que, sean los nietos de aquella generación que sufrió la guerra y la represión, los que hayan acometido la tarea de buscar a los represaliados de la dictadura en fosas y cunetas, reivindicando el deber de la memoria a través de plataformas de la sociedad civil como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que ha posibilitado la superación del miedo que padecieron sus progenitores.
En resumen se puede decir que la política de la Transición no tuvo la energía suficiente para dejar atrás la Guerra Civil cuya memoria permaneció en lugares físicos y en los recuerdos personales de sus protagonistas. Sin embargo también es cierto que el proceso democratizador modificó la memoria política y, si atendemos al paso de generaciones posteriores, esa transformación y recuerdo de la Guerra Civil y el franquismo siguen siendo objetos de memoria sometidos a procesos de sedimentación.

Sólo atado y bien atado, Franco hubiera podido asistir al espectáculo de relativa libertad que todos presenciamos y a la convocatoria electoral que esperamos presenciar. Luchó toda su vida, según se dice, por la España una, grande y libre, y dejó una España rota, al borde del caos económico y enajenada internacionalmente. Pero para muchos ciudadanos no lo parecía, porque los minipedazos de la realidad franquista estaban enganchados por el sinteticón de la represión física y espiritual. Silencio y palo, ésta es la fórmula que Franco aplicó durante cuarenta años, y los residuos de la fórmula aún administran de alguna manera la realidad que nos rodea
(Manuel Vázquez Montalbán. “Coyuntura” Mundo diario, 28 de mayo de 1977, página 4)


Harakiri en la Carrera de San Jerónimo

Manuel Contreras Casado y Enrique Cebrián Zazurca acuden a la pluma de Vázquez Montalbán y a su Crónica sentimental de la transición para tomar prestado el término “Harakiri” y definir el gesto de las cortes franquistas cuando aprobaron la Ley de Reforma Política de 1976, un punto de inflexión histórico que supuso una de las claves de la Transición. Sin embargo nos gustaría añadir que el harakiri es una tradición japonesa en la que los poderosos avergonzados por fracasos o acciones que ellos sentían como una deshonra, terminaba en suicidio, sin embargo, como veremos a lo largo de esta breve narración, es posible que las cortes franquistas se suicidaran pero no está tan claro que lo hicieran por una cuestión de deshonra.
La actividad política al inicio de 1976 intentaba construir una nueva realidad que superara la figura del dictador y que se resume en tres proyectos. Los continuistas liderados por Manuel Fraga mantenían el lema “después de Franco las instituciones”. Por otro lado la oposición al régimen negaba cualquier posibilidad de cambio que viniera desde dentro y exigían una ruptura democrática con el pasado franquista. La tercera vía aspiraba a una  reforma que utilizara los mecanismos legales del Régimen para pilotar un tránsito controlado hacia la democracia.

Cambio de legitimidad

Es importante no olvidar que, aunque el régimen franquista sustentaba su legitimidad en la victoria del 18 de julio de 1936, la oposición desde marxistas a monárquicos, no tuvieron la fuerza suficiente para derribarlo y reemplazarlo y, aprovechando ese escenario, el presidente del Gobierno Arias Navarro intentó construir una “democracia española” que cubriera las necesidades propias de nuestro modo de ser, una apertura controlada que, en palabras de Santos Juliá, consistía en definir desde el Gobierno “quienes y bajo qué condiciones podían participar en el nuevo juego político”
El proyecto continuo-reformista encabezado por Arias-Fraga encontró dificultades a la hora de reformar los inmutables Principios Fundamentales del Régimen. El punto crítico fue la entrada en escena de los partidos políticos, unos actores denostados por el Régimen “cuya esencia orgánica era precisamente la negación de los partidos”
Los procuradores franquistas y su memoria histórica tenían una percepción muy negativa de los partidos a los que veían incompatibles con los ideales de la victoria del 18 de julio, fecha histórica que según recoge el diario de sesiones en intervención de Fernández Cuesta, sacó a España del caos, la ruina y la desolación causada por las luchas entre los partidos.
Pese a todo lo dicho la ley se aprobó en gran medida gracias a la intervención del por entonces procurador Adolfo Suárez y un discurso que defendía la idea de continuidad de lo construido, y a la vez activar los mecanismos necesarios para alcanzar una democracia moderna. Se trataría de culminar la obra del Régimen reconociendo a “ese español irrepetible” llamado Francisco Franco, pero también dar visibilidad a la pluralidad de la realidad política organizada. Nos encontramos ante el momento clave para cambiar de legitimidad, del inmovilismo al reformismo.
Sin embargo, más allá de la aprobación de la ley, era preciso reformar el Código Penal para despenalizar los partidos políticos, ese matiz fue aprovechado por los inmovilistas para poner de relieve su temor a la legalización del Partido Comunista y no permitieron la reforma. El Gobierno tuvo que retirar el proyecto y la crisis se precipitó con la dimisión del Presidente Arias ante el Rey.

Arias fue convocado para que atase y bien atase el tránsito de Franco al franquismo, y desde la calle daba la impresión de que el hombre se había hecho un lío. No le salían los nudos. Cuando creía tener el paquete bien hecho, zas, se deslizaba el cordelito y se desparramaba todo el muestrario doctrinal, institucional, ideológico, táctico, estratégico
(Manuel Vázquez Montalbán, bajo el pseudónimo de Sixto Cámara. “La capilla Sixtina” Triunfo. 10 de julio de 1976, nº 702, p 9)
El Presidente del segundo equipo gubernamental de la monarquía fue Adolfo Suárez, precisamente al procurador que mejor había defendido la reforma de Arias-Fraga, quien confeccionó un gobierno, que en palabras de Santos Juliá, estaba formado por hombres de una generación que carecía de memoria personal sobre la Guerra y además conocían todos los entresijos tanto de la Administración del Estado como del aparato franquista del Movimiento.
El 16 de julio de 1976 el Gobierno expresó su propósito de instaurar un sistema democrático que implicaba una autentica “reconciliación nacional”. Para allanar el camino se otorgó una amnistía sobre las faltas y delitos de motivación política o de opinión dejando fuera los que hubieran puesto en riesgo la integridad física de las personas.
La oposición valoró el tono del lenguaje gubernamental pero también le recordó que todo proceso de cambio tiene que huir de la exclusividad para primar el diálogo y la negociación en lo que ya se atisbaba como una “ruptura pactada”. Suárez abandonó el proyecto Arias-Fraga y se embarcó en lo que sería la piedra angular de la Transición: Una ley que, sin reformar ninguna ley fundamental del Régimen, fuera el mecanismo legal para abrir el camino constituyente. La última ley fundamental del franquismo que por vía de la derogación terminara con todas las demás. Un cambio sin vacío legal que hiciera normal lo que políticamente era real.
Testigos próximos a los definitivos escenarios del poder han visto como los miembros del gabinete que dialogan con parte de la oposición se esfuerzan en inclinar la oreja hacía el interlocutor, en demostrar que le concede atención, incluso alguien  nos ha insinuado que toman apuntes.

— Repita, si no es molestia. Perio-do-cons-ti-tuyente, e-lec-ciones sin ex clusiones… y un jamón, no, no, esto ya sé que no lo ha dicho Vd., pero si necesitan jamones tenemos una partida entera en los sótanos.
(Manuel Vázquez Montalbán, bajo el pseudónimo de Manolín de Tarascòn, Por Favor, 2 de agosto de 1976, nº 109, pp 12-13)
La Ley para la Reforma Política introdujo varias novedades: El principio de Soberanía popular, supremacía de la ley, división de poderes y el reconocimiento implícito del pluralismo político. En cuanto a las instituciones planteaba unas cortes bicamerales con miembros elegido en circunscripción provincial. Pero también mantenía la figura del Jefe del Estado con potestad para elegir senadores, nombrar al Presidente y disolver las Cortes.
Finalmente hay que subrayar que algunas normas electorales, más allá de criterios de representación proporcional, pretendían evitar una excesiva fragmentación en la cámara de los Diputados y por lo tanto se puso un nivel mínimo de votos para acceder al Congreso en cada circunscripción provincial, además de fijar el mismo número de diputados para todas ellas con independencia de sus población.
Por último la ley no derogaba explícitamente la legalidad franquista, sino que modificaba su estructura de facto con la idea de mantener que la LRP era compatible con el sistema vigente.

Tramitación legal de la Ley para la Reforma Política

El proyecto, como era preceptivo antes de su tramitación en Cortes, pasó por el Consejo Nacional del Movimiento cuyos dictámenes, aunque no eran vinculantes, eran un buen termómetro para testar la postura de las instituciones franquistas.
Los más críticos defendieron el legado y las instituciones surgidas del 18 de julio de 1936 aunque Suárez se mostró decidido, como Presidente del Consejo y del Gobierno, a llevar a cabo la Reforma. El informe que se emitió hacía una lectura continuista del proyecto como el paso natural del Régimen hacía algo así como la única salida política con cierta visión de futuro.
El gobierno, eliminando la exposición de motivos que había suscitado el debate en el Consejo Nacional, decidió mantener el proyecto y lo envió a las Cortes. Todavía no había pasado un año de la muerte del dictador cuando la ley se debatió en las sesiones de los días 16, 17 y 18 de noviembre de 1976. De las enmiendas a la totalidad destacaron dos. Blas Piñar sostenía que el texto presentado entraba en contradicción con la Ley de Principios del Movimiento Nacional, mientras Fernández de la Vega aseguraba que se había elegido “el camino de la ruptura frontal y absoluta con el Régimen nacido el 18 de julio”
El procurador Primo de Rivera se presentó como perteneciente a una generación que, precisamente por no participar en la Guerra, tenía la necesidad de transitar sin rupturas ni violencias de un régimen personalista a uno participativo.
Landelino Lavilla, en función de Ministro de Justicia, insistió en que sería inservible fundar un futuro sobre un presente dedicado a revivir heridas tan antiguas como antagónicas y, aunque la discusión sobre la legitimidad fue la más importante, no hay que olvidar que el Gobierno negoció con Alianza Popular la moderación en la proporcionalidad del sistema electoral que, según Paloma Aguilar, viene a paliar la preocupación de la oposición a la ley por reproducir el sistema mayoritario que evocaba a la Segunda República como paradigma del caos que desencadenó la Guerra Civil y que el Régimen franquista había solucionado.
Pero la pregunta clave la hace J.M. Colomer, ¿por qué las cortes franquistas rechazaron el proyecto continuista de Arias-Fraga y sin embargo aprobaron la Ley para la Reforma Política de Suárez? Su argumento es muy claro; parece creíble pensar que la respuesta se encuentra en la supervivencia política de los procuradores y el cálculo de posibilidades de seguir con su carrera política en las futuras Cortes, de ahí que la negociación sobre el sistema electoral fuese de gran importancia para obtener 425 votos afirmativos sobre 497 procuradores presentes.


Era sabido que en la vida de cualquier condenado por ser de la oposición, siempre había habido un compañero de curso que había acabado director general de esto o aquello, ministro o portero de casa bien, que eran los cargos más apetecibles por los que habían ganado la guerra civil
(Manuel Vázquez Montalbán, bajo el pseudónimo de Manolín de Tarascòn, Por Favor, 2 de agosto de 1976, nº 109, pp 12-13)

La amnistía como contrapartida

Juan Sánchez González nos recuerda que, recogiendo los principios de la Ley de Reforma Política aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, el 15 de junio de 1977 los españoles votaron en unas elecciones libres por primera vez en 41 años. De esta manera cuatro meses después, el 15 de octubre de 1977, un parlamento democrático aprobó una ley de amnistía que afrontaba los delitos y las penas vinculadas al régimen franquista con dos novedades fundamentales: La nueva ley, a diferencia de amnistías anteriores, contemplaba los delitos de sangre cometidos antes del 15 de junio de 1977, además de la exoneración a los funcionarios y autoridades franquistas de cualquier responsabilidad por la persecución de los delitos políticos que ahora se amnistiaban.

En este 1977 que se acabó se ha podido ver con toda claridad el panorama dejado por la Dictadura: hay miedo en el futuro. En definitiva, un triunfo más del Régimen del 18 de julio que nació del miedo, vivió del miedo y dejó miedo como única herencia. La única alternativa de poder válida para arrinconar el miedo  y volver la desesperanza al pueblo está en la izquierda. La derecha, ya se sabe, ha huido a Suiza con las uvas, el cotillón y las doce malditas campanadas. A medianoche, claro.
(Manuel Vázquez Montalbán, bajo el pseudónimo de Manolo V El Empecinado. Por Favor . 9 de enero de 1978, nº 184, p. 7)
La oposición, como recuerda Santos Juliá, tenía el convencimiento de que la amnistía total era ineludible para clausurar definitivamente la Guerra Civil, la dictadura e iniciar un proceso constituyente. Dentro de esa tesitura se puede considerar que la amnistía que afectaba a las autoridades franquistas era la contrapartida que exigía el gobierno a la excarcelación de terroristas. Por otro lado Suárez González subraya que esta medida “se coló casi de rondón, sin debate público, político ni parlamentario /…/ y sin apenas contestación por parte de las fuerzas políticas y sociales” Y en palabras de Ismael Díaz, la democracia en construcción exigía una reciprocidad entre terroristas y servidores franquistas vinculados a la represión. Por lo tanto, la voluntad de los reformistas del franquismo y de las principales fuerzas de la oposición era la de no enjuiciar políticamente el pasado. Una situación que, como expone Sánchez González, sometida a nuevas consideraciones y perspectivas precisa, como cualquier tipo de transición que por definición son situaciones complejas, que nos alejemos de simplificaciones y maniqueísmos para enfrentarnos a la tarea de desentrañar un problema fundamental que hubo de superarse, el de asumir las zonas oscuras del pasado que estuvieron reprimidas durante años y que afloraban en el período de transición. Pero, como nos sigue recordando Sánchez González, para comprender la verdad de las decisiones políticas y sociales de ese momento no deberíamos detenernos en un olvido genérico, sino apreciar y calificar la modalidad del olvido y el recuerdo:
Así, y aunque es un tema controvertido, son muchos y cualificados los investigadores que consideran que durante la transición española lo que estuvo muy presente fue el recuerdo de la guerra Civil, pero no así el de la terrible represión de los primeros años de la dictadura, que apenas ocupó un hueco en la memoria colectiva de los españoles. Ismael Saz lo expresa muy gráficamente «la democracia española nacía curada de memoria (de la Guerra Civil) pero enferma de olvido (del franquismo)» Justo lo contrario de lo que ocurre en estos últimos años, en los que el énfasis memorialístico reside más en la represión de los primeros años de la dictadura que en la propia Guerra Civil, o en los últimos años del franquismo.
El resultado fue un perdón recíproco que, según Ramón Jáuregui o en palabras de Santos Juliá, fue un olvido lleno de memoria en el que nadie se reconoció culpable.
Por eso nos enfrentamos, recuerda Sánchez González, a un tema muy importante, porque si bien las amnistías de esos años procedían de partidos antifranquistas y generalmente de izquierdas, lejos de reclamar la amnistía para las autoridades franquistas, se exigía la libertad para aquellos que hubieran cometido delitos políticos que difícilmente hubieran sido sancionados en una democracia. Así que puede resultar un tanto extraño que esas mismas organizaciones y quienes se movilizaban en el mismo sentido lo hicieron pensando en la impunidad de los represores de la dictadura por mucho que así lo plasmara una ley de manera genérica.

Artículo segundo de la ley de amnistía del 15 de octubre de 1977.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
b) La objeción de conciencia a la prestación del servido militar, por motivos éticos o religiosos.
c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación.
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Pero sobre este asunto las opiniones, más allá de la lectura del segundo artículo de la Ley de Amnistía son muy diversas. Nosotros, siguiendo el texto de Sánchez González, vamos a resumir cuatro de ellas. Comenzaremos por los políticos de la época. Mientras Nicolás Sartorius, miembro de la Comisión Parlamentaria que redactó el proyecto de Ley de Amnistía en representación del PCE, escribió en el año 2010 que «La Ley iba dirigida a las víctimas de la dictadura. En 1977 las tropelías franquistas no eran ilegales /…/ se trataba de amnistiar a los reprimidos por el franquismo, no a los franquistas, que ya se habían autoamnistiado” Por otra parte Rodolfo Martín Villa como Ministro de la Gobernación de la época enfatiza la importancia del perdón como el genuino espíritu de la Transición y en el 2013 afirmaba que «La Ley de Amnistía constituyó todo un pacto entre el Gobierno y la oposición, en el que se combinaron generosidades y perdones /…/ Este pacto no supuso un ejercicio de desmemoria sobre lo ocurrido en la guerra y sobre sus secuelas; por el contrario, estuvo muy presente la exigencia de evitar que se repitiera»
La historiadora Paloma Aguilar considera que la Ley de Amnistía de 1977 es una suerte de «ley de punto final» y describe lo ocurrido: Vació las cárceles de presos políticos de la oposición, incluso los que habían cometido delitos de sangre, y no se pidieron ningún tipo de responsabilidades penales a los responsables de la dictadura. Así, en la práctica, la ley consagró la impunidad de unos y otros. Mientras tanto el historiador Álvarez Junco resume la situación en la idea de que la durante la Transición el recuerdo fue constante y por lo tanto no hubo ni pacto de olvido, ni silencio hacía los crímenes de la dictadura, lo que si hubo y fue asumido por casi todos, fue el principio de no utilizar la historia como un arma política.
Pero también es importante destacar que, como recuerda Sánchez González, una vez que la democracia se ha consolidado en nuestro país se “debería atender debidamente sin complejos, pero sin mistificaciones ni demagogias el deber de memoria”
Llegados a este punto creemos imprescindible regresar al inicio para poner de relieve que el objetivo principal de este texto está relacionado tanto con la posición de los ciudadanos, como con de las élites políticas que ejercieron un papel muy relevante durante la Transición, ya lo vimos con las cortes franquistas y la Ley para la Reforma Política, y ahora contemplamos como unas cortes democráticas aunque preconstitucionales renuncian expresamente a la exigencia de responsabilidades de un dictadura represiva y criminal y que, conviene no olvidarlo, terminó con la muerte del dictador en la cama.
Morir en la cama tenía un innegable valor emblemático que precisa un análisis de su significado sociológico y político como lo atestiguan los grandes ejemplos del siglo XX en las figuras de Stalin, Salazar, Mao y Franco. Cuando el dictador fallece de muerte natural y longevo pone en evidencia que sus enemigos no han tenido la fuerza suficiente para derribarle. Es decir, puede instrumentalizar el hecho de que ellos no han conseguido el apoyo necesario, mientras que él se asienta sobre una sólida base.
Aunque la historia contenga pruebas de lo contrario, la persistencia de un dictador en su cargo sirve para demostrar que el número de sus defensores es arrolladoramente superior al de sus adversarios, en una dictadura todo fiel súbdito es por principio un leal servidor y partidario. Al mismo tiempo se presenta la paradoja de que un dictador anciano que muere en su lecho consigue atemperar los juicios sobre su personalidad política, y adquiere una cierta estatura política, aunque solo sea por su constancia en la crueldad y en la eliminación de los obstáculos que se oponían a su poder. La paradoja se agrava porque el último periodo siempre coindice con un incremento del prestigio y con el mayor grado de corrupción y brutalidad. Los últimos meses de Franco fueron los más represivos desde 1969, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, y a su muerte le siguió un periodo de exaltación tan efervescente como efímero, hasta que sus sucesores inician la operación de convertirle en chivo espiratorio de sus miserias compartidas, lo que lleva su tiempo y requiere colaboración de una sociedad cómplice.

Cuando un dictador muere en el poder, está demostrando que la sociedad civil lo aprueba por omisión. Una omisión que el propio régimen se encargará de traducir en adhesión incondicional.
/…/
Se da la particularidad de que nuestra clase política, prácticamente sin excepciones, se siente orgullosa de nuestra transición. Sin embargo considera paradójicamente perjudicial explicarla para que todos podamos compartir ese legítimo orgullo. Esto plantea un problema generacional evidente, que los años no harán más que resaltar. La imposibilidad de construir una pedagogía     democrática a partir de una transición opaca.
(Gregorio Morán, El precio de la Transición 1991)

La larga sombra: El eclipse de la ciudadanía

Spain is different!, fue el lema orquestado por Manuel Fraga, en su desempeño como ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969. España era presentada como una realidad exótica en torno a la semana santa, el flamenco y los toros. Los europeos nos veían como un país periférico con rasgos y costumbres arcaizantes, un reclamo turístico perfecto. Sin embargo, la diferencia de España con el resto de su entorno se constata en una persistencia histórica que no compete a este texto, pero que es conveniente apuntar para entender el sustrato de nuestra cultura política.
El historiador Juan Marichal apuntó a una peculiar espiritualidad como el secreto de España frente a los pueblos secularizados de la Europa central y septentrional. El mito de la España centinela de Occidente, primero en nombre del catolicismo y luego de la hispanidad, tuvo una base política real.
La identidad española se construyó, a diferencia de buena parte de Europa, al margen del influjo de la Reforma protestante que inauguró libertad de conciencia y de pensamiento. De manera que ya en la contemporaneidad, la nación de construyó como comunidad imaginada (Benedict Anderson) sobre la base de la identidad católica.
En la misma línea Sánchez León señala tres rasgos profundos que son resultado del peso de la Iglesia católica en la configuración social y política de España: la idea de unidad (religiosa, de la patria), la interpretación de los conflictos políticos como conflictos religiosos y las sospechas continúas ante la libertad de conciencia. Consecuentemente, el primer rasgo de diferenciación tiene es el peso de una cultura política católica que dificultó la construcción de un imaginario moral de carácter cívico propio del proyecto político de la Ilustración. Las clases dominantes del siglo XIX y de origen nobiliario preservaron su hegemonía cultural e ideológica, frente a los intentos reformistas liberales de una burguesía débil con la intención de construir una nación conservadora, aglutinada en torno al discurso nacional-católico, así lo expresa el politólogo Juan Carlos Monedero: «No es que en España no sufriera discontinuidades, sino que siempre se reencontraba una discontinua continuidad en la cristiandad imperecedera.»
El largo periodo franquista fue superado con una fulgurante Transición, el fantasma había sido enterrado y de repente, como señala Álvarez Junco, todo pareció que iba bien y habíamos resuelto nuestros problemas que tenían que ver el atraso secular, la hegemonía de los militares y el poder social de los curas. Nos convertimos en un país Europeo "normal", el crecimiento económico parecía consolidado, se hablaba del "milagro español", nos presentábamos al mundo en los fastuosos juegos olímpicos de 1992 y, sin embargo teníamos una cultura política indigente y una democracia que parecía caída del cielo, por contra, las democracias europeas, como Inglaterra o Francia, eran resultado de un largo proceso de consolidación del liberalismo y republicanismo. La Transición española supuso la ruptura con el pasado republicano y, parafraseando a Gregorio Morán, del mismo modo que la igualdad ante la ley es una condición de la democracia, se introdujo la igualdad ante el pasado. En 1975 se inicia un proceso de desmemorización colectiva, que no de olvido, en el que todos los pasados eran igual de perjudiciales, y por ello se cancelaban en virtud de la reconciliación de los españoles. Una moderación heredada que, según Sánchez León “condicionó el alcance de los cambios políticos de la segunda mitad de los años setenta” y también se ha sumado a los posteriores movimientos políticos. Ahí radica la diferencia con una Europa que se construyó sobre la libertad y frente al totalitarismo mientras esos conceptos se deformaron o desaparecieron en la conciencia española. En palabras de Julián Casanova: “Para muchos españoles el rechazo de la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos no ha formado parte de la construcción de la cultura política democrática »

La Universidad parecer haberse permitido, durante  más de tres décadas de democracia, no pensar -es decir, ignorar- las consecuencias del peso cultura y sociológico del franquismo en los distintos planos y niveles de la realidad de nuestra joven democracia.
(Ariel Jerez. Universidad, memoria e impunidad. Una breve etnografía complutense. Viento Sur. Diciembre 2010)
España no es realmente diferente en cuanto a los defectos de las democracias liberales, la diferencia no estriba en lo que tenemos sino en lo que no tenemos.
El gran triunfo del franquismo fue la inoculación de la cultura del miedo y la despolitización de generaciones enteras, el "no te signifiques" representa la metáfora de la desaparición del ciudadano en la esfera pública. Y nosotros nos alineamos con Sánchez León cuando recuerda que este reconocimiento tan solo es una observación de la transición y que “quienes vivieron aquel contexto pueden haber sido sujetos diferentes a nosotros en valores esenciales o al menos haber dado significados diferentes o conceptos y valores cruciales para dar cuenta de las decisiones que tomaron”. En cualquier caso, la Transición no cumplió un requisito indispensable para la construcción de una democracia de calidad basada en la preparación pedagógica-política de la ciudadanía, como si la sociedad, en una idea de Sánchez de León, estuviera llamada a modernizarse como si de un proceso “natural” se tratase, una dirección inexorable que algunas fuerzas ajenas al franquismo pretendieron parar, pero “esos jóvenes radicales no encontraron en los ambientes sociales dominantes entre los trabajadores de los años setenta el espacio vital alternativo adecuado a us desclasamiento. En España no hay una esfera pública virtuosa, comprometida con los valores cívicos, participativa, tolerante, deliberativa, responsable, movilizada en la defensa de sus derechos, usuaria de medios de comunicación críticos e informada, respetuosa con el trabajo intelectual, culta, lectora y cinéfila. Una democracia de mala calidad, nos recuerda Álvarez Junco, es aquella que no se sustenta en una ciudadanía educada y consciente de sus derechos, un excepcional caldo de cultivo para la proliferación del populismo entendido como la idea de que todo el pueblo es bueno y que los culpables de todos nuestros males son los políticos, una postura que elimina toda responsabilidad ciudadana, pese a que sean esos ciudadanos los que eligen a sus representantes
España no es realmente diferente en cuanto a los defectos de las democracias liberales, la diferencia no estriba en lo que tenemos sino en lo que no tenemos.
El pensamiento crítico, por lo tanto, es un elemento ineludible sin el cual no puede llegarse a la consecución de la democracia y como explica Ariel Jerez, fue extirpado en los marcos consensuales de la Transición que lo marginaron cuando ya se encontraba muy debilitado tras cuatro décadas de control ideológico y cultural del régimen franquista sobre la sociedad en general y sobre la universidad en particular. Así se produce un excelente caldo de cultivo para lo que López Pintor ha denominado “legitimidad pasiva” como consecuencia del desarrollismo que por un lado generó una nueva sociedad urbana con un incremento del poder adquisitivo encauzado hacía el consumo y la promoción social lo que permitió un balón de oxígeno al régimen dictatorial gracias al énfasis en alcanzar la condición de consumidor antes que la de ciudadano

La calidad de la democracia

El análisis que ha primado a día de hoy a la hora de mirar el proceso de transición han sido cuestiones relacionadas con la eficiencia, en términos de baja conflictividad social y ausencia de enfrentamientos pero, como nos recuerda Sánchez León, más allá de la “verdad histórica” lo relevante es que no se tomó conciencia de esos imaginarios y de su imbricación en la cultura política española que paso de la dictadura a la democracia sin la capacidad de comprender esos procesos sociales de identidad.
Sin embargo ahora se abre la posibilidad de incorporar las idea de calidad de la democracia, esto es, un análisis que vaya más allá de la justificación, que implica la asunción de que sólo hubo un camino posible y que ése fue el que se escogió, una idea sintetizada por la expresión “Se hizo lo que se pudo” y fue muy empleada a partir del 2009 cuando la usó Alfonso Guerra para describir el proceso de transición.
El análisis de la transición sigue necesariamente el análisis de la consolidación, como un proceso inherentemente relacionado. Juan José Linz define que el proceso de consolidación está cerrado cuando hay una adhesión generalizada de las reglas del juego. Gil Calvo va más allá, entiende que las reglas del juego son condición necesaria pero no suficiente y la consolidación debe medirse en términos de legitimidad y cultura política. Al mismo tiempo algunos autores han introducido el concepto de accountability o rendición de cuentas según las responsabilidades que pueden reclamar activamente la ciudadanía a los gobernantes.
Guillermo O´Donnell construyó un modelo de transición que, ante la inexistencia de rupturas claras con las dictaduras y la escasa calidad de la democracia resultante, iba más allá de la definición formal de democracia, incorporando factores no recogidos en la formulación clásica (elecciones libres bajo el sufragio universal, libertad de expresión, información y asociación, y redistribución de la renta). Los nuevos factores: la idea de universalismo, imperio de la ley válido y obligatorio para todos, (que se traduce en una ley electoral que reflejase la pluralidad política del país); rigurosa separación entre lo público y lo privado, que implica la no patrimonialización de lo público hasta su apropiación particular y, más allá de la responsabilidad vertical, que se ejerce en las elecciones, una responsabilidad horizontal ejercida cotidianamente y vinculada a la forma estricta de entender y hacer respetar a los gobernantes las reglas del juego. Estos rasgos permitirían diferenciar una democracia plenamente consolidada, encarnada en los modelos anglosajones y nórdicos.
Juan Carlos Monedero apoyándose en los autores anteriores, añade cuatro elementos para medir la calidad de la democracia española nacida de la transición: la existencia de una opinión pública plural e independiente con acceso a medios de comunicación igualmente plurales; el cumplimiento de las reglas de funcionamiento de los mercados, la existencia eficaz de una supervisión estatal para evitar los fallos y problemas del mismo y el apoyo estatal a formas de economía social; la primacía de la sociedad civil, la trama asociativa no estatal y de base voluntaria de la que los ciudadanos formasen parte; la existencia de una cultura cívica, republicana en términos clásicos, con alto nivel de información y participación. 
En el caso español, ninguno de estos criterios de calidad se cumplen, la corrupción e imbricación entre lo público y lo privado se une a la amplia connivencia popular con estos comportamientos, relacionados a su vez con el escaso tejido asociativo y la escasa pluralidad democrática en el parlamento resultado de una ley electoral que no traduce en proporcionalidad de escaños la pluralidad política de la sociedad.
Resulta imprescindible la comprensión de la Transición para poder aprehender el sistema político español, pero no puede zanjarse sin dar cuenta de las cuatro décadas de dictadura, Así lo explica Juan Carlos Monedero: «son el comportamiento autoritario y la debilidad del yo social los que explican en la actualidad la desconfianza hacia lo colectivo, la apatía política y el descrédito hacia los partidos y políticos [...] la debilidad de la sociedad civil, en definitiva, el desentendimiento ciudadano por la marcha de los asuntos colectivos, con la consiguiente apropiación individual de los espacios e instituciones públicas, factores que marcan en conjunto aún una divergencia de España respecto a la media europea occidental» Una merma que también viene marcada por un cierto olvido sobre esa generación que también incluía a jóvenes radicales que denunciaban el pobre cambio de una sociedad en la que se consolidaba un imaginario que era la suma de aportaciones franquistas y antifranquistas. Esta experiencia, nos recuerda Sánchez León, deberían interesar a los jóvenes de ahora para observar los estándares de vida alcanzados en el pasado y mejorarlos en el futuro combatiendo las deficiencias que acorralan a la democracia española gracias a unos niveles de corrupción institucional que turban la comprensión racional desde las ciencias sociales. Como sintetizó el catedrático de sociología  Jesús Ibáñez, el consenso siguió socializando a los españoles (y a la clase política que ha gobernado la democracia) en la cultura del autoritarismo, la dejación de responsabilidades y el miedo.
Un miedo heredado de franquismo que, aunque la sociedad ha superado, se ha sustituido por otro tipo de miedo producto de la actual crisis del modelo de crecimiento del capitalismo. Somos testigos de cambios que rebasan lo meramente coyuntural, la economía está experimentando cambio estructurales, el acelerado desarrollo tecnológico conlleva destrucción del empleo neto, al tiempo que las actuales élites políticas apuestas por un modelo basado en la terciarización y el precariado, la generación mejor preparada se ve expulsada del mercado de trabajo obligada a emigrar. Las promesa de certidumbre de ascenso social individual, por la cual cada generación vivía mejor que sus padres, se ha quebrado.
Igualmente asistimos a una regresión de los derechos sociales, ligada al desmantelamiento del estado de bienestar perpetrado por la ofensiva neoliberal, además de los derechos civiles, resultado de la utopía conservadora de la postpolítica y del intento por paralizar cualquier construcción de un horizonte emancipador.
En otras palabras, el miedo actual tiene que ver con el paro, la precariedad y la dificultad de imaginar y construir un proyecto de vida, tal y como hicieron las generaciones pretéritas. Constituye un miedo activo, que ya no paraliza, pero que encierra diversas potencialidades, puesto que puede llevar a la frustración y el desencanto estéril, o por contra, ser una fuerza política transformadora que ayude a alumbrar el futuro. También es importante resaltar como el miedo se convierte en el elemento central del pensamiento conservador, el que busca la conformidad con el orden existente, es por ello un instrumento de manipulación tremendamente poderoso.
Estas reflexiones nos conducen a la conclusión final, entender la actual disyuntiva histórica y contraponer las viejas élites políticas a la posibilidad de irrupción de nuevas élites políticas, culturales o intelectuales




Bibliografía

Álvarez Junco. “La carga del pasado”. El País [12 de octubre 2014] Web:
Álvarez Junco. “El sueño ilustrado y el Estado Nación”. El País [03 de octubre 2012] Web:
Caballero Bonald, José Manuel. La costumbre de vivir. Alfaguara, Madrid: 2001.
Casanova, Julián. “Historia, memoria, política: el legado del franquismo”. tinta libre, nº 26. Junio 2015.
Casanova, Julián. "La dictadura que salió de la guerra" Cuarenta años con Franco. Crítica. Barcelona: 2015.
Contreras, Manuel y Cebrián Enrique. “La Ley para la Reforma Política: La memoria de la Guerra Civil en los inicios de la Transición”. Ha estallado la memoria. Biblioteca Nueva. Madrid: 2014.
Jerez Ariel "Universidad, memoria e impunidad: una breve etnografía complutense" Viento Sur  ISSN 1133-5637, Nº. 113, 2010, págs. 65-70
Monedero, Juan Carlos. La Transición contada a nuestros padres, nocturno de la democracia española. Catarata. Madrid: 2013.
Moradiellos, Enrique. "Franco y el franquismo en tinta sobre el papel, narrativas sobre el régimen y su caudillo" Cuarenta años con Franco. Crítica. Barcelona: 2015.
Morán, Gregorio. El precio de la Transición. Planeta, Barcelona: 1991.
Pasamar, Gonzalo. “La historia en las aguas de la memoria” Ha estallado la memoria. Biblioteca Nueva. Madrid: 2014.
Pasamar, Gonzalo. “Los teatros de la memoria durante la transición a la democracia”. Ha estallado la memoria. Biblioteca Nueva. Madrid: 2014.
Pinilla García, Alfonso. “La Guerra Civil en la prensa española y francesa de la Transición. Cruce de memorias y sustitución de legitimidades”. Ha estallado la memoria. Biblioteca Nueva. Madrid: 2014.
Sánchez, Juan. “De la ley a la ley: Amnistía y memoria histórica”. Ha estallado la memoria. Biblioteca Nueva. Madrid: 2014.
Sánchez León, Pablo. “Desclasamiento y desencanto” Kamchatka. Nº 4. Diciembre 2014.
Vázquez Montalbán, Manuel. Obra periodística. Volumen II: Del humor al desencanto (1974-1986) Edición a cargo de Francesc Salgado. Debate. Barcelona: 2011.



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