De la crisis a la reforma. La Constitución a debate.
El Justicia de Aragón y la Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza organizaron el pasado 3 de diciembre de 2014 las X
Jornadas de la Constitución bajo el título “El debate de la reforma constitucional”
La conferencia de apertura corrió a cargo del Profesor de Derecho Constitucional
de la Universidad del País Vasco Dr. D. Javier Tajadura Tejada con el título
“Crisis institucional y reforma constitucional”
Tajadura comenzó su intervención asegurando que
históricamente el nacimiento de las constituciones y sus reformas son fruto de
momentos turbulentos como reflejos de una crisis. Crisis como la actual y por
eso no hay que temer a una reforma que, de no llevarla a cabo, nos puede situar
ante el disparate de hacer tabla rasa con el pasado y tirar por la borda los
últimos 36 años que, más allá de falsificaciones históricas radicales, han constituido
una época de bienestar y mejora.
Con este panorama, apuntó Tajadura, no es necesario un nuevo
proceso constitucional, sin embargo se hace imprescindible una profunda reforma
de su diseño para poner sobre la mesa las instituciones que no funcionan
correctamente o se encuentran en declive. Por eso el profesor centró su
conferencia en la erosión dos de ellas: La democracia representativa y la
independencia del poder judicial
Tajadura defendió que la democracia representativa es la
única democracia posible, ahora bien, se hace imprescindible una reforma en el
ámbito de los partidos políticos para evitar que decisiones tan importantes
como quien encabeza las listas electorales o quien compone el Tribunal Supremo
terminen por recaer en la figura del Presidente del Gobierno y, por lo tanto,
en una devaluación del sistema democrático.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?, se preguntó el
profesor. Las respuestas las encontramos en un largo proceso que han seguido
los partidos políticos hasta lograr 1) la oligarquización de sus estructuras y
2) colonizar las instituciones.
Fortalecer a los partidos fue una decisión constituyente que
los llevó a una posición hegemónica y propició el bipartidismo, de tal manera
que un reducido número de personas tienen el poder de confeccionar las listas
electorales y, como consecuencia, romper el vínculo entre representante y
representando. El representante está mucho más ligado al partido que decide su
posición en la lista electoral que al ciudadano al que tendría que representar.
Mucho más grave, en opinión del conferenciante, es el
imperialismo que ha penetrado en las instituciones que deberían estar ajenas a
la dinámica de partidos, especialmente en el ámbito de la Justicia. Es aquí
donde se precisaría una profunda reforma constitucional para garantizar su
independencia.
Una justicia, afirmó Tajadura, cuyo producto final es
independiente y homologable con los países democráticos de nuestro entorno,
todo ello a pesar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuya función
principal es, precisamente, garantizar la independencia de la Justicia, del
juez, y de todo lo relacionado con las inspecciones, sanciones disciplinarias y
promoción en la carrera judicial. Unas protecciones que son vitales para los
jueces y que deberían bastar para que los mejores magistrados pudieran llegar
hasta el Tribunal Supremo (TS). Sin embargo, y gracias a un CGPJ controlado por
los partidos políticos, el acceso al TS nada tiene que ver con los méritos y
mucho con la ideología, un reparto de puestos en la vocalías que los partidos
se reparten de una manera que atenta contra la doctrina y espíritu
constitucional.
Como recuerda Bonifacio de la Cuadra (2014:8):
Inicialmente todo fue apacible /…/ Con la Constitución se creó una institución democrática, el CGPJ, como órgano de gobierno de ese poder del Estado. /…/ Un primer CGPJ, con los 12 vocales jueces de carrera, del total de 20, elegidos por los propios jueces y magistrados; y los otros ocho juristas por el Parlamento, ofreció un perfil conservador, pero los 20 vocales cumplieron con su obligación constitucional de proponer autónomamente a un presidente.
El profesor Tajadura recuerda que se reformó la ley para que
en lugar de la elección por la profesión todos los vocales fueran elegidos por
el Congreso, una reforma con la que no hubiera habido ningún tipo de objeción
si cumpliera la letra y espíritu de la ley constitucional, es decir que una
mayoría cualificada de 3/5 del Congreso necesita el consenso de varios partidos
y garantizaría la competencia del seleccionado. El trabajo partidario
consistirá en buscar y promocionar profesionales de reconocida competencia y
que suscitaran ese consenso.
Sin embargo lo que ocurrió fue que los partidos procedieron
a hacer cuotas en función del peso que tenían en el Parlamento y así atribuirse
un número determinado de vocales. Un sistema truculento en que participan todos
los partidos como nos recuerda Bonifacio de la Cuadra (2014: 8):
El perverso reparto del CGPJ entre los grandes partidos ha empeorado. Ya no hay que repartirse el CGPJ. Se lo queda el partido mayoritario, cuyos votos aseguran la mayoría de los vocales necesarios para, por ejemplo, designar a los magistrados del Tribunal Supremo, al que a lo mejor termina cayéndole todo este lío de Gürtel o de Bárcenas o las corrupciones más recientes. El poder político se come al judicial.
Tajadura recuerda que este sistema se impugnó al Tribunal
Constitucional que sentenció de manera interpretativa su constitucionalidad, lo
que mostró un alto grado de ingenuidad porque la única manera de entender el
proceder descrito anteriormente de manera constitucional sería si el CGPJ
representara a las fuerzas que lo constituye, y eso es precisamente lo que no
hace.
La conclusión para el conferenciante es clara: El diseño
constitucional del consejo no sirve y hay que cambiarlo para evitar la actual
política de colonización en los nombramientos cuya consecuencia principal es la
corrupción del sistema y, por ejemplo, que el aforamiento, lejos de verse como
una garantía procesal, termine por percibirse como el privilegio de que los
políticos sean juzgados por tribunales superiores que, precisamente, han sido
elegidos por el ámbito político. Esta situación que fomenta la visión de una
justica que no es igual para todos. Un contexto especialmente grave porque el
ciudadano ante la corrupción percibe a la justicia, y en palabras de Carlos
Fonseca (2014:4)
Como único dique de contención /…/ La política y los políticos han dejado de ser el instrumento para solucionar los problemas de los ciudadanos y se han convertido en uno de ellos.
Esta situación se repite en instituciones tan importantes
como el Tribunal Constitucional dónde el imperialismo de los partidos ha
instaurado el mismo sistema de cuotas entre 8 de los 12 magistrados elegidos
por las Cortes Generales, lo que está derivando en la visualización del más alto tribunal
como una especie de tercera cámara en la que dirimir los debates políticos,
fácilmente predecibles en función de la ideologización en su composición. Y
algo similar ocurre en el Tribunal de Cuentas que se ha visto salpicado por una
particular endogamia tan ligada al enchufismo de un nepotismo entre amigos y
familiares.
Parece evidente la necesidad de un cambio en los requisitos
actuales en el campo del gobierno de la justicia y por eso se citaron algunas
alternativas que funcionan en otros países como la ampliación de mandatos,
incluso de carácter vitalicio como en EE. UU.; que el acceso a los más altos
cargos precisen de una prolongada carrera profesional que impida la posterior
incorporación a la vida política, que las elecciones siempre fueran a título
personal y nunca con formación de lotes. Para la implantación de cualquiera de
estas ideas es imprescindible una reforma de la Constitución.
Pero junto a la crisis institucional, subrayó Tajadura, y la
desafección de los ciudadanos motivada por la corrupción que sitúa a la
Constitución en un claro peligro por la irrupción de una fuerza política que
pone en solfa el espíritu del 78 sin presentar, al menos de momento, una clara
alternativa; a lo que hay que sumar la peor crisis territorial del Estado con una
espectacular visibilidad de las fuerzas independentistas que sitúan la meta de
sus objetivos a meses vista y que una reforma constitucional no va a
tranquilizar a estas fuerzas radicales que quieren romper la constitución para
satisfacer sus demandas secesionistas. El conferenciante apremió a no tener
miedo a las palabras y potenciar la capacidad para establecer un diálogo con
otras demandas de autogobierno y otras reglas de juego precisas que estén
veladas por un órgano de control realmente independiente.
Pero aún nos tenemos que enfrentar a otro peligro: El
inmovilismo. Frente a la corrupción y el independentismo no cabe el actual
estado de pasividad, hay que huir del miedo a la acción porque esa inmovilidad
nos puede acompañar hasta perecer. La reforma constitucional, enfatiza
Tajadura, se hace necesaria e imprescindible porque la crisis no se superará
sola, y frente a propuestas que quieren romper con todo lo anterior, se impone
una reforma racional que culminaría en un referéndum para que el nuevo texto constitucional
tuviera el refrendo de las generaciones más jóvenes y de esta manera alcanzar
un nuevo pacto constitucional.
En el turno de preguntas el profesor Tajadura acudió varias
veces que a la idea de que, una vez reformada la constitución para premiar el
consenso en cuestiones de gobierno de los jueces, la mala praxis política de
mantener los actuales privilegios se vería afeada por la ciudadanía, y quizás
tenga razón el profesor gracias a este nuevo resurgir por el interés de todo lo
que concierne a la política, y será que hoy me he levantado pesimista pero no
puedo evitar transcribirles las palabras de José Antonio Martín Pallín (2014:9)
Por encima de todo lo dicho tiene que haber un autocontrol que nace fundamentalmente de los principios y valores éticos de los ciudadanos que, a diferencia de Alemania, nunca obligarían a dimitir a un presidente de la República que hubiera admitido una invitación a unas vacaciones con un amigo poderoso. Nuestra ética ciudadana como consecuencia de los déficits de los programas de educación está bajo mínimos. Si no tomamos en serio la tarea de remontarlos, creo que todos los esfuerzos serán inútiles.
Y tú, querido e improbable lector ¿Cómo andas de ética ciudadana?
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Bibliografía
De la Cuadra, B. “Un poder judicial controlado por los
partidos” Tinta Libre No
12 Diciembre 2014: 7-8.
Fonseca, C. “Togados contra la corrupción” Tinta Libre No 12 Diciembre
2014: 4-6.
Martín Pallín, J. “Una responsabilidad más allá de los jueces”
Tinta Libre No 12
Diciembre 2014: 9-10.
Etiquetas: artículo, reforma constitucional, reseña conferencia
2 Comments:
Hacía tiempo que no dejaba un comentario por acá, a pesar de que sigo su Blog desde hace ya unos años, como bien sabe.
Sin entrar en detalles, ni extenderme en demasía, dejaré mi opinión:
La Constitución, obviamente, necesita una reforma que conlleve, sin lugar a dudas, una mayor representación de la ciudadanía. Y con ello quiero decir que no se deje en manos, solamente, de la decisión de los actuales partidos políticos, ya que si no, volveríamos a tener una Constitución elaborada por y para los intereses de los mismos.
Uno de los grandes errores que se produjeron en su momento fue el de dar ciertos privilegios a unas denominadas "Comunidades históricas" que, precisamente, son las que menos razón de ser tenían para adquirir ese estatus. Ha llegado el momento de equiparar a todas y si hay que conferir, por ejemplo, autogobiernos, que sean para todas. ¡Ya está bien de Comunidades de primera, de segunda y de tercera! España ya funciona de una manera federal (de hecho mucho más que algunos Estados federales), pero esa semilla de "diferenciación" que, incluso queda reflejada en la Constitución, conduce a situaciones como las vividas en la actualidad.
Asimismo, se tienen que reflejar medidas que realmente propicien una verdadera transparencia e independencia del poder político, judicial y legislativo. Es la única manera de acabar con esa paupérrima sensación que queda en la población de "entre unos y otros... la casa sin barrer". Debe de asegurarse, a través de un rejuvenecida Constitución, que se acaben ciertos privilegios y "triquiñuelas" para que la ejecución y, asimismo, la percepción de la política recupere la confianza perdida desde hace unos años.
Finalmente (aunque podrían mejorarse muchas más cosas), establecer una mayor participación de la ciudadanía en todos los ámbitos. Es decir, fomentar la democracia entre la sociedad para que ésta sea percibida como algo más que el derecho a votar cada cuatro años.
En aquel momento tuvo su sentido y fue una herramienta positiva que, con el paso del tiempo, ha dejado a la luz algunos errores y/o algunos artículos que han quedado, bien difuminados, bien obsoletos.
Un afectuoso saludo
Efectivamente Closada, de eso se trata... de abrir el debate con propuestas, solo una cosita: Los partidos no los forman las siglas, lo hacen las personas, así que quizás deberíamos exigir a las siglas viejas, caras y actitudes nuevas. Esa es una de las ventajas de los nuevos, nuevos, ellos no tienen que hacer limpieza ;-)
Salu2 Córneos.
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